jueves, marzo 19, 2026

399 Project Development, la nueva empresa consentida de la Gallardía

Una investigación de Ciudadanos Obervando apunta a la empresa como una de las principales proveedoras de vehículos de emergencia

Otra millonaria compra a la empresa 399 Project Development Sa de Cv quedó al descubierto. Ahora fue la Fiscalía General del Estado, que entre agosto y septiembre del 2022 pagó 33.3 millones de pesos al tan cuestionado proveedor de vínculos cercanos con el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona.

Esta misma empresa, a inicios del 2022 también fue beneficiada por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí para la compra de 40 camionetas tipo pick up, doble cabina con un motor mínimo de 3.5 LT para la Guardia Civil.

El representante legal de dicha empresa, cuyos documentos contamos, señalan que actualmente es Jesús Ricardo Cordero de Ávila y que precisamente el pasado 23 de marzo de este 2023 recibió la «Presea Plan de San Luis» por parte del Congreso del Estado por su «destacada labor a favor del deporte potosino» (ya que es corredor de autos) y por si algo faltara para generar más sospechas, asistió como testigo de honor, el Oficial Mayor de Gobierno del Estado, Noé Lara Enríquez ( ligado al caso de corrupción de la proveedora fantasmagórica Sandra Sánchez Ruíz cuando estuvo en el ayuntamiento de la capital con el alcalde Ricardo Gallardo Juárez).

Jesús Ricardo Cordero de Ávila y Noé Lara Enriquez

Ahora queda el descubierto que, en agosto del 2022, la Fiscalía General de Estado de San Luis Potosí realizó el contrato FGE-DGA-LPE001-Adq.Vehículos-02/2022 con la multi beneficiada empresa 399 Project Development Sa de Cv por un monto de 28 millones 714 mil 892 pesos. Al siguiente mes, se realizó el contrato No. FGE-DGA-LPE002 Adq.Ambulancias Tipo.Pick.Up-01/2022 para la adquisición de tres ambulancias tipo pick-up por 4 millones 589 mil 702 pesos, dando un precio por ambulancia de un millón 529 mil 900 pesos. En estas dos compras, se suma un monto por 33.3 millones de pesos.

Anteriormente, se había dado a conocer que gracias a la respuesta a la solicitud de información pública con folio 240474023000005 el Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. pagó a 4 millones 560 mil pesos a la citada empresa 399 Project Development en 2022 por la compra de 4 patrullas equipadas.

399 Project Development es una empresa constantemente favorecida con compras y adquisiciones para gobiernos y ayuntamientos. Tan solo entre 2019 y 2022 recibió 72 contratos, donde destaca el Gobierno del Estado de Guanajuato que le ha entregado 28 contratos.

En San Luis Potosí, a pesar de la opacidad de la Oficialía Mayor del gobierno estatal se sabe le fueron compradas patrullas para la guardia civil que incluso la misma empresa informa en su portal web.

Existen múltiples cuestionamientos para favorecer a 399 Project Development en varias entidades, donde se señala que las licitaciones son hechas a modo para beneficiarla, en otros casos, como sucedió en el ayuntamiento de Playa del Carmen, Quintana Roo se le acusa de ofrecer unidades a sobreprecio en el equipamiento y accesorios de más del 400%.

Anteriormente el representante legal de esta empresa era Ricardo Cordero Ontiveros, que fuera delegado de la extinta Procuraduría General de la República en Michoacán y detenido en agosto del 2019 donde se le imputaron delitos de despojo de tierras en Michoacán, Guerrero y otras entidades y por la afectación a pequeños empresarios mineros mediante la intimidación, extorsión y robo de mineral.

Ricardo Cordero Ontiveros

Notas periodísticas de ese año, señalan a que Ricardo Cordero Ontiveros, era quien dirigía las ilícitas operaciones, y que, junto con Joaquín Green, buscaron controlar la exportación del mineral a través del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán y mediante el despojo de mineral en los patios donde era concentrado, usando para ello hombres armados que se identificaban como miembros del desaparecido estado mayor presidencial.

Por lo visto, 399 Project Development se convirtió en una de las favoritas de la administración estatal de Ricardo Gallardo Cardona y del Fiscal General José Luis Ruíz Contreras, así como del alcalde Arnulfo Urbiola que abandonó al PRI para sumarse a los alcaldes que se han ido al Partido Verde. ¿Coincidencias? Claro que no, todo es parte de un plan bien orquestado.

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