Autor: Chucho

  • AMLO debe reconsiderar recortes al SIPINNA

    AMLO debe reconsiderar recortes al SIPINNA

    Ajustes presupuestales a la baja contra instituciones de carácter social, no deben aplicarse

    La diputada Martha Barajas García se pronunció en contra de la intención del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de quitarle recursos o incluso desaparecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

    Señaló que ella es integrante de este organismo como representante del Congreso del Estado y reconoce el trabajo que ha realizado la presidenta del organismo Carina Rangel, ya que se impulsan acciones afirmativas a favor de estos sectores de la población que requieren todo el apoyo.

    Se trata de un Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), diseñado para la alineación, transversalización, diseño e implementación de la política pública con perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia en los órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, etcétera.

    El presidente de México anunció que se trata de organismos que no sirven para nada y que les quitará recursos, incluyendo al INE, Conapred y otros que tiene en la mira, por lo que le pedimos que reconsidere esta decisión porque le estaría haciendo un gran daño a las instituciones, apuntó.

    Barajas García añadió que en la Constitución General de la República viene marcado el derecho supremo de las niñas, niños y adolescentes para tener acceso a programas de bienestar, “es un programa que tiene desarrollos importantes con acciones afirmativas que los protegen”.

    Por lo tanto, insistió en que esta situación se debe reconsiderar desde la presidencia de la República.

  • Buscan reformar Leey del Notariado y Ley para la Regularización de la Firma Electrónica Avanzada

    Buscan reformar Leey del Notariado y Ley para la Regularización de la Firma Electrónica Avanzada

    El diputado Ricardo Villarreal Loo presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Notariado para el Estado de San Luis Potosí y a la Ley para la Regularización de la Firma Electrónica Avanzada.

    El objetivo es que, para el caso de los notarios públicos, la Secretaría de Finanzas sea el organismo estatal designado para la expedición de certificados de Firma Electrónica emitidos por el Sistema de Administración Tributario, y que tales certificados incluyan el Distrito de adscripción judicial además de que se puedan actualizar datos en los mismos.

    En la exposición de motivos establece que el ejercicio del notariado en el Estado de San Luis Potosí, constituye una función de orden público que corresponde al Estado, el cual delega su desempeño a los particulares a los que les conceda la patente respectiva y que por efecto de esa delegación están investidos de fe pública.

    “Por lo que se impone señalar los rasgos de la naturaleza del encargo de los notarios, como particulares investidos de fe pública; circunstancia que amerita la creación de un marco legal específico, así como la subsecuente actualización del mismo”.

    El diputado Villarreal Loo manifestó que “una propuesta legislativa realizada por los notarios del Estado de San Luis Potosí, tiene la virtud de señalar varios puntos en materia de Firma Electrónica, que es necesario actualizar y clarificar en pos de la mayor certeza jurídica del Notariado”.

    La iniciativa se deriva del acercamiento y la colaboración, entre este grupo de profesionales y el Congreso del Estado. Se manifestaron diversas propuestas con varios objetivos: identificar en la Ley a la autoridad certificadora de la Firma Electrónica, y que cuente con un convenio con el Sistema Administrativo Tributario y que el certificado de dicha Firma incluya el Distrito Judicial de Adscripción y que éste, y otros elementos, puedan actualizarse.

    “Por ello, se pretende adicionar un Capítulo titulado “Del uso de la Firma Electrónica” a la Ley de Notarios, donde el primer artículo señale que la utilización de la firma electrónica por parte de los notarios, se dará en los términos de la Ley en la materia, pero estableciendo disposiciones específicas”.

    “Tales disposiciones tienen una naturaleza complementaria, al considerar que la Ley en materia de Firma Electrónica, se basa en principios generales. Por ejemplo, en dicha Ley no se establece de forma específica cual es la autoridad certificadora, por lo que es jurídicamente posible, en la norma aplicable, determinar una autoridad certificadora concreta para el caso de los notarios, debido a sus características especiales”, expuso.

    En este caso, se opta por la Secretaría de Finanzas, debido a la cantidad de convenios que tienen vigentes con el Sistema de Administración Tributario.

    En materia de los límites del uso del certificado, en el caso del ejercicio notarial, uno de las principales delimitaciones legales a considerar, es la circunscripción territorial del Distrito Judicial correspondiente. Por tal motivo, se propone que los certificados de Firma Electrónica de los Notarios, deban incluir dicha adscripción, expandiendo de forma necesaria para el caso, el contenido de la fracción XI. Se considera también que este dato debe ser factible de cambiar y actualizarse, a causa de los cambios que se puedan operar, de acuerdo a los supuestos que las Leyes consideran para ese efecto.

    La iniciativa se turnó a comisiones para su estudio y dictamen correspondiente.

  • Magistrados que aspiren a ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción deberán renunciar un año antes

    El diputado Rubén Guajardo Barrera presentó una iniciativa para reformar el segundo párrafo del artículo 122 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de establecer un principio elemental de igualdad jurídica, para el supuesto en el que un Magistrado aspire al cargo de Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, o al cargo de Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales.

    Con esta reforma se propone que para los titulares de las fiscalías especializadas en delitos relacionados con hechos de corrupción, y en materia de delitos electorales; los titulares de las mismas deberán cumplir los mismos requisitos que esta Constitución exige para ser Magistrado y en el caso de que hayan ocupado el cargo de Magistrado no haberlo desempeñado en el año inmediato anterior al día de su nombramiento.

    Explica en su exposición de motivos, señala que a finales de abril del presente año, promovió una iniciativa cuya finalidad consistía en establecer que, para el caso del cargo de Fiscal General del Estado, si quien aspiraba a ocuparlo era una persona que hubiera ocupado el cargo de Magistrado, establecer que, en dicho supuesto, debería haber dejado de ejercer esa responsabilidad con por lo menos un año inmediato de anterioridad al día de su elección.

    La finalidad de esa pretensión de reforma legal, consiste en establecer un principio de igualdad jurídica con los funcionarios de primer nivel a los que se les impone la restricción de no ejercicio con por lo menos un año de antelación. Al ser el cargo de Fiscal General uno autónomo y de nueva creación no había previsto el supuesto para el caso del Poder Judicial y ahora hemos reparado en que ocurrió de idéntica manera, para los cargos de Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, y para el cargo de Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales.

    Agrega que por ello, al imponer el requisito de separarse con un año de anticipación a los magistrados que aspiren al cargo de Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y al cargo de Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales se resarce un vacío legal que podría incluso, ser materia de impugnaciones y controversias constitucionales.

    La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales; y, Justicia.