Autor: Chucho

  • Guía Bioética: El dilema de quien vive y quien muere

    Guía Bioética: El dilema de quien vive y quien muere

    Uno de los temas que ha generado más debate en los últimos días es la Guía de Bioética bajo la cual trabajarían los médicos mexicanos en casos de que el sistema de salud se vea rebasado por el avance de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, ésta aún se encuentra en una etapa de proyecto y es necesario que se cumplan ciertos elementos para que se apruebe en todo el país.

    De acuerdo con José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General (CSG), uno de los pasos más relevantes es que este organismo se mantiene en sesión permanente para la asignación de recursos en el peor momento de la emergencia sanitaria y después se presentará a la consideración de los vocales del Consejo.

    Una vez que estos aprueben las disposiciones señaladas en el documento, la guía estará lista para publicarse en el Diario Oficial de la Federación y el Consejo de Salubridad será el encargado de que hospitales tanto públicos como privados, a través de sus comités de ética, adopten las disposiciones de la guía.

    “Eso nosotros lo hemos trabajado desde que se empezó con esto. Una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación se va a socializar entre estos hospitales y la idea es que todas las entidades federativas tengan un marco de referencia, es decir, la guía”, comentó Santos Preciado.

    Cabe recordar que el Consejo sustituyó la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica por el documento Proyecto Guía de Triaje para la Asignación de Recursos de Medicina Crítica, después de que la UNAM se deslindara del primero, donde uno de los puntos priorizaba la atención a los pacientes jóvenes sobre los adultos mayores o los enfermos crónicos.

    La razón por la cual la institución educativa se desentendió de esta guía fue que no se consultó a su rector, Enrique Graue Wiechres, quien también funge como uno de los Vocales Titulares del Consejo, según el artículo 15 de la Ley General de Salud.

    “Ni la UNAM ni su rector, el doctor Enrique Graue Wiechers, han sido convocados a sesión plenaria alguna para el análisis, discusión y eventual aprobación de dicha Guía”, comunicó la universidad el 15 de abril.

    Ante esto, el organismo informó a través de un comunicado que “esta guía no es definitiva, sino dinámica y únicamente sería discutida y acordada como disposición general por parte de del Consejo de Salubridad General, conforme a los previsto en su Reglamento Interior”.

    La edad como criterio de desempate para la atención médica

    Desde que se presentó, la Guía de Bioética ha sido uno de los temas más controvertidos por el hecho de los criterios de atención a los pacientes de Covid-19. Uno de los que generó mayor interés fue el de la edad, pues se dijo que se priorizaría a los jóvenes sobre las personas mayores; no obstante, ese es uno de los últimos recursos de desempate.

    Así lo señaló María de Jesús Medina Arellano, integrante del comité de ética del CSG y quien colaboró con la elaboración de la guía. De acuerdo con la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el documento, que aún es un borrador, hace un énfasis en la atención de los pacientes con más probabilidades de recuperación sin importar la edad.

    “La guía propone una discusión amplia que contiene varias consideraciones, no sólo la edad, hay que ir por un desempate observando a la persona que tiene el mayor pronóstico de recuperación. Por ejemplo, si un chico que tiene diabetes juvenil se complica, mientras una persona de mayor edad pero con menos complicaciones, ¿a quién le vas a dar el ventilador?”, comentó durante una entrevista con Milenio.

    También puntualizó que este proyecto se planteó con el fin de que los profesionales de la salud se sintieran respaldados en la toma de decisiones complicadas, pues busca brindarles certezas, así como quitarles un gran peso de encima.

  • Cartel de Sinaloa recluta profesores universitarios para fabricar drogas

    Cartel de Sinaloa recluta profesores universitarios para fabricar drogas

    Los cárteles mexicanos se toparon hace unos meses con un dato desolador para sus sucios negocios: los productos químicos utilizados para la fabricación de metanfetaminas y fentanilo, que se obtienen de China, se están agotando. De hecho, los economistas vaticinaron que los cierres globales por coronavirus tendrían un efecto en la capacidad de las organizaciones criminales para producir dogas sintéticas.

    Sin embargo, los datos de incautaciones del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU (CBP por sus siglas en inglés), revelan cantidades casi récord de fentanilo que aparecen en los Estados Unidos mensualmente. En marzo, por ejemplo, la CBP incautó 216 libras de fentanilo (98 kilógramos) tan sólo en los puertos de entrada.

    Aunque China está documentada como la mayor fuente de precursores químicos ilícitos que llegan a México para la producción de opioides —son responsables del envío de dos ingredientes conocidos como NPP y 4aNPP para la fabricación de fentanilo— el actual liderazgo del Cártel de Sinaloa bajo Ismael Zambada García, Los Chapitos y Rafael Caro Quintero, cambió algunos laboratorios activos de metanfetamina en laboratorios de fentanilo, es decir, la organización más poderosa de México se concentró en fabricar y distribuir esas drogas sintéticas.

    En 2014, los grupos criminales mexicanos vieron una oportunidad en el mercado de opioides, especialmente cuando la Unión Americana comenzó a controlar los medicamentos para el resfriado que contienen pseudoefedrina, que los estadounidenses usaban para fabricar drogas sintéticas.

    Sinaloa (México) es una de las zonas donde yace la fabricación. Hace dos años, en el bastión del narcotráfico, el cártel con el mismo nombre comenzó a contratar profesores de química de universidades de todo México. Los profesionistas trabajan en los laboratorios de fentanilo supervisando la producción diaria.

    También están tratando de cambiar el análogo molecular del fentanilo para crear una nueva versión sintética, aunque mucho menos pura que la de los chinos. El objetivo es utilizar precursores químicos que ya no dependen de la importación en Asia. La nueva fórmula permitirá a los narcos utilizar productos químicos más fáciles de conseguir y disponibles en todo momento.

    El ex agente de la DEA, Terry Cole, determina que alrededor de 10 y 20 laboratorios de fentanilo operan actualmente en la nación mexicana. En estos lugares se utilizan prensas de pastilla grandes capaces de producir millones de píldoras en un solo día. El precio para elaborar las tabletas es de centavos por dólar.

    En los laboratorios, los químicos contratados por las mafias trabajan activamente. Terry Cole, entrevistado por el sitio Breitbart News, puntualiza que incluso muchos de estos profesoras continúan enseñado en las universidades.

    Por lo general, los laboratorios de fentanilo son más pequeños que los de metanfetamina debido a su volatilidad (la tendencia de una sustancia de pasar a la fase de vapor). En los lugares de fabricación de este tipo de opioides, el químico a menudo trabaja completamente cubierto en un aparato de respiración autónomo de nivel A, especialmente diseñado para los equipos de rescate y bomberos.

    Las investigaciones sobre laboratorios de opioides revelan que éstos se han asentado en sitios que suponen una vida tranquila y libre de problemas relacionados al crimen organizado. De acuerdo con la DEA, la mayoría se localiza en Sinaloa.

    En 2019, las autoridades mexicanas allanaron un narcolaboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa, en un gran parque industrial en Monterrey, Nuevo León. Esa fábrica estaba completamente cerrada y era lo que los estadounidenses describen como “superlab”.

    Pero el primer desmantelamiento a un laboratorio de este tipo de opioide ocurrió en 2018. Los policías federales ubicaron y aseguraron un sitio clandestino en la ciudad fronteriza de Mexicali, Baja California.

    En el lugar se encontraba un bioquímico de Bulgaria y un cómplice mexicano, ambos supuestamente asociados con Ismael “El Mayo” Zambada. La operación resultó en la incautación de 20,000 píldoras de carfentanilo falsificadas.

    El fentanilo y otros opiáceos sintéticos en Estados Unidos provienen principalmente de México. Según la Agencia Antidrogas, las organizaciones criminales transnacionales del país, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación siguen siendo la mayor amenaza criminal de drogas en el país estadounidense.

  • México solicita información bancaria de EPN, aunque «no lo está investigando»

    México solicita información bancaria de EPN, aunque «no lo está investigando»

    El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, asegura que su Gobierno no ha emprendido una investigación sobre las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto. La Administración habría pedido en las últimas tres semanas información bancaria sobre el exmandatario, su familia y al menos ocho miembros de su gabinete, según una serie de documentos desvelados por Univisión. “No hay ninguna investigación abierta desde el Gobierno federal en contra del expresidente Enrique Peña Nieto”, dijo este viernes López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

    Sin embargo, el presidente mexicano no descartó que existan denuncias de los ciudadanos para indagar si existió enriquecimiento ilícito de parte de los funcionarios y sus familias en el Gobierno anterior. “No existe ninguna investigación, pero puede haber denuncias en la fiscalía de los ciudadanos”, mencionó. López Obrador se comprometió, desde que llegó a la presidencia, a no tomar represalias contra la Administración anterior, pero ha insistido en que otras partes pueden hacer sus peticiones en las instituciones de Justicia. “Tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve a cabo una consulta para preguntarle al pueblo de México si quiere que se juzgue a los expresidentes, desde Salinas hasta el presidente Peña, por lo que ocurrió en el lamentable periodo neoliberal”, dijo.

    La información publicada por el medio estadounidense muestra que 50 bancos con sede en México recibieron peticiones durante la última semana de marzo por parte de la Secretaría de la Función Pública. En los documentos, el Gobierno solicita toda la información financiera posible –desde cuentas de ahorro hasta inversiones y créditos– de Peña Nieto, su exesposa Angélica Rivera y sus cuatro hijos, así como del exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial, José Antonio Meade; del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza (fallecido el 1 de abril); del exsecretario de Salud, José Narro; y del exconsejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos.

    Los documentos fueron filtrados por un miembro del sistema bancario que consideró que la petición era inusual. La Secretaría de la Función dio un plazo de 15 días hábiles para proporcionar los datos, a reserva de una sanción para los bancos por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en caso de no cumplir. También, señala la investigación periodística, la petición fue clasificada como “urgente y confidencial” por parte de las autoridades bancarias. La fuente que proporcionó la información solicitó anonimato por temor a perder su empleo y aseguró que en el Gobierno de López Obrador “están de cacería”. La indagatoria ocurre en un momento en los que los niveles de aprobación del presidente mexicano han comenzado a descender entre la población, debido al manejo de su Gobierno sobre los problemas de seguridad del país y la crisis sanitaria por la expansión del coronavirus.

    El Gobierno mexicano ya había hecho solicitudes en 2019 para conocer los estados bancarios de otros miembros del gabinete de Peña Nieto. Entre ellos estaban el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo; y el exfiscal Alberto Elías. Hasta ahora solo dos miembros del Gobierno anterior están detenidos y enfrentan cargos: Rosario Robles, antigua ministra de Desarrollo Social, que fue acusada por su implicación en una trama de corrupción de desvío de recursos públicos; y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que fue detenido en España, donde espera su extradición a México, por acusaciones de fraude a gran escala y corrupción.

    López Obrador sostiene como uno de sus emblemas de Gobierno la lucha contra la corrupción. Ante la insistencia de los periodistas sobre la implicación de su Administración en las pesquisas a los exfuncionarios, López Obrador ha señalado que “no es algo que corresponda al nivel Ejecutivo”, pero que su Gobierno está combatiendo la corrupción gubernamental desde los niveles más altos: “como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo”.