Autor: Chucho

Con el objetivo de sensibilizar a la población a reforzar medidas de prevención para evitar la propagación de contagios de coronavirus, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud reitera el lavado de manos constante y restringir salidas a lugares concurridos en caso de no ser de extrema importancia, no automedicarse y en caso de tener fiebre superior a los 38 grados, tos, dificultad para respirar, flema y cansancio o debilidad, dirigirse a los Servicios de Salud correspondientes.

Entre las medidas de prevención más importantes se encuentra el lavado de manos frecuente, usando jabón y agua corriente durante por lo menos 20 segundos; al estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo; evitar contacto con personas enfermas y lugares concurridos o eventos donde asista un gran número de personas.

Además, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud informó que la suspensión de clases por COVID-19 que anunció el gobierno federal no significan vacaciones, pues es un llamado para cuidar de la familia, por lo que solicita evitar en la medida de lo posible salidas a fiestas o reuniones, así como paseos o viajes.

Los Servicios de Salud del estado ponen a disposición una línea exclusiva para atender dudas y reportes sobre casos de coronavirus 800-123-8888, así como el micrositio que puede ser consultado en la siguiente liga: https://slp.gob.mx/SSALUD/Paginas/Coronavirus-publico.aspx

Se recomienda atender el llamado de las autoridades y evitar compartir información falsa que no sea respaldada por las instancias de salud para evitar desinformación y crear pánico entre la población.

El diputado Cándido Ochoa Rojas, presentó una iniciativa que plantea modificar la Ley del Transporte Publico del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de establecer que los concesionarios y permisionarios del transporte público acrediten las obligaciones de seguridad social de sus operadores y lo tienen que comprobar ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado en cada pase de revista.

Destacó que dicha iniciativa plantea modificaciones a la fracción XXI del artículo 81 de la Ley del Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue: Articulo 81. Son Obligaciones de los Concesionarios y Permisionarios: XXI, Cumplir y acreditar las Obligaciones de Seguridad Social de sus operadores; debiendo comprobar ello ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en cada pase de revista.

El diputado Cándido Ochoa Rojas, expuso que la actual redacción de la fracción XXI del artículo 81 de la Ley del Transporte Publico del Estado de San Luis Potosí, “si bien establece como una obligación a cargo de los concesionarios del servicio público local de transporte de pasajeros que otorguen a sus operadores las prestaciones de seguridad social que marca la ley, sin embargo, ello no se cumple en la práctica, no se lleva acabo toda vez que no se otorga a ningún chofer ese derecho”.

Dijo que en efecto, dicha fracción establece: XXI Cumplir y acreditar las Obligaciones de Seguridad Social de sus Operadores, sin embargo “como he dicho a los choferes no se les da tal beneficio, lo que implica una letra muerte en la ley. Por lo que se procede modificar esta fracción dotándola de una redacción que obligue a los concesionarios a cumplir”.

El legislador del grupo parlamentario del Partido Ecologista de México en el Congreso del Estado, consideró que ello es factible, si se señala que, en cada revista o revisión que periódicamente efectúan ante la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, deban acreditar haber cumplido esa obligación. “La reforma que nos ocupa quedaría en los siguientes términos: Fracción XXI.- Cumplir y acreditar las obligaciones de Seguridad Social a operadores; debiendo comprobar ello ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en cada pase de revista”.

A propuesta de la Comisión de Asuntos Migratorios, el pleno del Congreso del Estado aprobó el Punto de Acuerdo para exhortar al Fiscal General del Estado, a efecto de que realice foros de consulta con la finalidad de analizar la situación actual de la violencia de género en nuestra entidad, y con base en los resultados de la misma, a través del Ejecutivo del Estado, se planteen las respectivas modificaciones normativas, que permitan la creación de tipos penales, cuyo objetivo sea la erradicación de la violencia de género en cualquiera de sus formas.

El diputado Oscar Vera Fábregat explicó que la violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el simple hecho de ser mujeres, y las víctimas son de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico.

Este tipo de violencia ha sido una constante en nuestro país, que ha tenido un aumento absolutamente alarmante. De acuerdo con la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), la violencia en contra de las mujeres es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de gozar los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, por ello existe la inminente necesidad de que el gobierno tome decisiones contundentes en la búsqueda de la eliminación de la violencia de género en todas sus formas de manifestación.

Señala que algunos de los datos que nos permiten focalizar el problema de violencia de género en nuestro país son los siguientes: entre 10 y nueve mujeres son asesinadas cada día en México, de acuerdo con la ONU; de 2015 a la fecha, suman 3,578 feminicidios a nivel nacional.

Solo de enero a octubre de 2019 se registraron 833 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); de enero a agosto de 2019, 292 mujeres han sido víctimas de abuso sexual en la Ciudad de México; cuatro denuncias son por violación tumultuaria.

Según el portal de Datos Abiertos del gobierno capitalino; de 2013 a 2018, la sensación de inseguridad de las mujeres pasó de 74.7% a 82.1%, señala la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018; los mismos datos reflejan que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres tanto en lugares públicos como en privados: cajero automático en vía pública (87.4%), transporte público (74.2%), calle (72.9%), carretera (69.5%), mercado (65.5%), parques (62.1%), automóvil (48.9%), escuela (39.2%), trabajo (36.2%) y casa (26.7%).