Autor: Jesús Gutiérrez

  • ICAT de SLP en alianza con Target Robotics implementa el Centro de Robótica y Programación 4.0 más grande de Latinoamerica

    San Luis Potosí.- Dentro de los logros anunciados en el Cuarto Informe del Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, destaca la inauguración en el Instituto de Capacitación para el Trabajo de San Luis Potosí (ICATSLP), del Centro de Robótica y Programación 4.0 más grande de Latinoamérica, laboratorio con brazos robóticos para la alta preparación de profesionales vinculados a la industria automotriz, con lo que la entidad se consolida como uno de los nichos de producción industrial más importante de México.

    Resultado de un sondeo aplicado a empresas de la Zona Industrial, se concluyó que la necesidad era la capacitación del personal en PLC (Programmable Logic Controller, por sus siglas en inglés) y CNC (Computer Numerical Control, por sus siglas en inglés), por lo que se gestionaron recursos para el montaje del laboratorio, como la aportación de 2.6 millones de pesos del Fideicomiso de Desarrollo Económico y 2.8 millones de pesos propios del ICAT.

    Con el mismo objetivo, el ICATSLP estableció un convenio de colaboración con Target Robotics, empresa líder en la formación de talento humano en el área de robótica, para ofertar capacitación en la programación y mantenimiento de robots autónomos a universidades, centros de investigación, cámaras empresariales, empresas públicas y privadas.

    “El centro tendrá la capacidad de egresar a más de 2,000 colaboradores altamente calificados por año, además, de contar con equipo y material didáctico de última generación, consolidándolo como el más grande y moderno de América Latina”, señaló José Luis Villalón, Director de Target Robotics.

    Además, el ICATSLP fue acreditado como entidad certificadora del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), para capacitar, evaluar y certificar las competencias de personas y representantes de empresas.

    En lo que va de 2019, este centro ya trabaja con 37 empresas como Mabe, Goodyear, Cummins, Metal Forming y Musashi, con mil 287 estudiantes que cursaron CNC y PLC, así como otros cursos diseñados a la medida de las necesidades del mercado laboral.

  • Centro de Justicia para las Mujeres, se fortalece como Institución Pública

    San Luis Potosí.- Durante los últimos cuatro años, el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), se ha fortalecido como institución pública para garantizar los derechos humanos y favorecer el acceso a la justicia de este sector de la población, sus hijas e hijos, expresó su coordinadora, Julieta Méndez Salas, al informar que en ese periodo se logró la cobertura en las cuatro regiones del estado, en beneficio de 14 mil 906 usuarias.

    Durante rueda de prensa semanal en Palacio de Gobierno, la funcionaria estatal afirmó que se transitó exitosamente en la atención de mujeres a obligación y responsabilidad de las autoridades, y anunció el otorgamiento de recursos por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), para la construcción de un Centro de Justicia en la capital del estado, que iniciará este mismo año, con una inversión de 20 millones de pesos, y que dará servicio también a las mujeres habitantes de Soledad de Graciano Sánchez.

    Explicó que el proyecto se llevará a cabo en dos etapas, y el recurso asignado es para la primera de ellas, y estas nuevas instalaciones se construirán en la zona de seguridad recientemente inaugurada, donde se ubica la Secretaría de Seguridad Pública, la Defensoría Pública y la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, fuertes aliados de la labor que realiza el Centro de Justicia.

    Sobre la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, con la estrategia denominada Mujer Segura, a través de la cual la institución que encabeza brinda seguimiento a los reportes de violencia familiar contra mujeres, vía telefónica o in situ, expresó que se han atendido 692 casos.

    También refirió que San Luis Potosí es el segundo estado con mayor número de Centros en operación, sólo después de Coahuila, además de permanecer como uno de las dos entidades del país, con un centro dentro de una zona indígena.

    Al ser cuestionada sobre casos de violencia, Méndez Salas puntualizó que durante 2019, los Centros de Justicia para las Mujeres han atendido más de 3 mil 781 casos, de los cuales mil 879 sí realizaron la denuncia correspondientes, y de este porcentaje, el 3.36 por ciento, corresponde a casos de violación sexual, que en términos reales son 63 casos atendidos, de los cuales, en sólo dos ocasiones, fue necesaria la interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 046.

    Sobre el tema del aborto, insistió que en las legislaturas deben analizar los derechos humanos de las mujeres y los temas de su salud, para poder tomar decisiones que afectarán a este sector del país.

    También detalló que, con la estrategia de sensibilización, se han acercado a más de 4 mil 231 personas con temas de prevención, atención y concientización sobre los graves daños que genera la violencia, entre estudiantes de educación básica, media y media superior, así como personal de otras dependencias de gobierno.

  • Exigen Juicio Político contra Ricardo Gallardo Juárez y su Tesorero

    San Luis Potosí.- Este lunes, el Gobierno de la capital presentó ante el Congreso del Estado una denuncia de juicio político en contra del ex Presidente Municipal, Ricardo Gallardo Juárez; y el ex tesorero y actual diputado local, Jesús Emmanuel Ramos Hernández, en la que se solicita la inhabilitación del ex alcalde por 20 años para cualquier encargo en el servicio público; y en el caso del legislador, se pide su destitución y una inhabilitación por igual número de años.

    La segunda Síndica, Alicia Nayeli Vázquez Martínez dijo que dada la gravedad de los actos de los ex funcionarios municipales en contra del Ayuntamiento de San Luis Potosí, esta denuncia de juicio político es independiente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que en sus diversas vías legales ya se les reclaman, por el daño de mil 30 millones de pesos en contra del Municipio.

    “Aunque en el 2015, la ciudadanía le otorgó la confianza a Ricardo Gallardo Juárez y le entregó la administración pública de los recursos, en 2018 el mismo pueblo potosino al verse defraudado, maltratado y saqueado, decidió no refrendar su voto de confianza y lo sancionó retirando la confianza pública que le había otorgado… Y el pueblo no se equivocó”, recalcó.

    Acompañada por el Secretario General del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García, detalló que la inhabilitación tanto para el ex Presidente Municipal como para el ex tesorero, es para cualquier empleo, puesto, cargo y comisión en el servicio público sea de elección o designación. También se detallan varios casos en los que se exponen claramente al Congreso Local, daños al erario que suman más de mil millones de pesos, “recursos que bien pudieron emplearse en más acciones, obras y programas a favor de la población potosina”.

    Entre los casos destacan: el fraude que hicieron contra la Secretaría de Hacienda a través de contratos y pagos realizados a una empresa declarada por el SAT como Empresa Facturadora de Operaciones Simuladas, con seis facturas que “nos costaron a la población potosina más de 6 millones de pesos; la nómina maestra que superó los 60 millones; obras pagadas no ejecutadas en calles como García Diego, Benigno Arriaga y por supuesto, en avenida Fray Diego de la Magdalena”.

    Asimismo, se destaca un terreno a favor de Ricardo Gallardo dentro del Área Natural Protegida de Camino a la Presa, en desacato a la decisión de un juez federal; retenciones a la plantilla laboral municipal pero no enteradas al SAT, que en suma ascienden a 267 millones de pesos, “y esto es sólo es una pequeña muestra de lo que encontramos en el Ayuntamiento al llegar hace un año”.

    La Síndica Municipal reafirmó que todo esto, se traduce en una defraudación a la hacienda pública, en desvío de recursos públicos que no sólo atentaron, “sino siguen atentando porque aún luchan por apoderarse el predio en el área protegida; además de engañar al recurso más importante del Ayuntamiento que es sus trabajadores”.

    Finalmente, remarcó: “es momento que se haga justicia a la ciudadanía. Necesitamos que el Congreso del Estado haga valer los derechos de las potosinas y potosinos y apliquen una sanción ejemplar por medio del juicio político para que nunca más se defraude a la ciudadanía y evitar que se institucionalice la impunidad, sobre todo, porque la solicitud está debidamente argumentada y con pruebas”.