Los jueces elevan la calidad del sistema de justicia penal; pero, en general los ministerios públicos, defensores y asesores de víctimas mantienen varias aspectos susceptibles de mejora, así lo advirtieron especialistas durante la presentación de Calidad de la justicia: Observatorios de Audiencias y Resoluciones Judiciales, un documento de México Evalúa.
Al observar los resultados por tipo de operador, el mejor calificado fueron los jueces, con un puntaje promedio de 81 de 100 puntos; mientras que los ministerios públicos tuvieron la calificación de 74.82, la defensa 60.22 puntos y la asesoría de víctimas obtuvo la calificación más baja, con 27.16 puntos.
En cuanto al apego a los principios del sistema de justicia penal evaluados, se observó que San Luis Potosí obtuvo 70.
En la evaluación, San Luis Potosí, se analizaron 16 procedimientos penales completos –desde la audiencia inicial, hasta la sentencia. La muestra contempló casos rutinarios, como robos, así como de alto impacto social, como homicidios, secuestros o violaciones. Se analizaron aspectos como el apego a los principios del sistema de justicia penal; la gestión y el uso del tiempo en las audiencias; la calidad del litigio; el respeto a los derechos de las partes; así como la calidad de las sentencias.
La calidad de la justicia depende de la capacidad del sistema de justicia para proteger los derechos de las personas; sin embargo, señala el documento, existen importantes aspectos de mejora, especialmente respecto a la perspectiva de género. En este tipo de casos se observa que no se terminan de internalizar en la práctica los enfoques de atención diferenciados de la violencia de género en contra de las mujeres y niñas ni se aplican suficientemente los protocolos de actuación específicos para delitos como el feminicidio.
Los resultados de este reporte demuestran que los ministerios públicos, defensores y asesores de víctimas mantienen estándares de desempeño bajos
En entrevista con Emisor MX y previo a su visita a San Luis Potosí, Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, sostuvo que el sistema de justicia penal no está siendo capaz de generar respuestas diferenciadas para los casos. “No encontramos un desempeño distinto entre los casos rutinarios y los de alto impacto social, en los que las autoridades deberían de cumplir con deberes de protección reforzados en materia de derechos. De hecho, la calidad de la justicia en estos casos es menor”.
Por otro lado, el estudio confirma que en lo que respecta a la reparación del daño se necesitan considerar reparaciones integrales para garantizar la protección de derechos de las víctimas del delito.
El documento destaca que San Luis Potosí cuenta con mayor eficiencia en el tratamiento de asuntos relativos a delitos patrimoniales, al proponer salidas alternas o determinación anticipada con más efectividad.
Atención a víctimas es el punto más débil del proceso de justicia
La investigadora de México Evalúa, además fue enfática en señalar que la atención a víctimas del delito es sumamente deficiente en San Luis Potosí, y es que, el estudio revela que a las víctmas se les restringe dde varios de sus dechos, como puede ser: elegir qué tipo de procedimiento desea llevar, falta de información por parte de las autoridades, e incluso, desestimación de lineas de invetsigación proporcionadas por la misma.
De la misma manera, se señala que los defensores de las víctimas tienen un pobre desempeño realizando su trabajo, ya que rara vez acompañan a sus representados y cuando lo hacen, su actuar no siempre es beneficio de su defendido o defendida.
Aunque es de resaltar que el estado cuente con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la falta de presupuesto, y la baja cantidad de defensores (1.5 por cada 100 mil habitantes), imposibilita que existan procedimientos justos y en respeto a los derechos de las víctimas.
Para elevar la calidad del sistema de justicia penal, el documento propone:
- Garantizar la especialización de las personas operadoras, especialmente en casos de violencia de género y desaparición forzada, a través de mecanismos que certifiquen conocimientos, habilidades y trato digno.
2. Identificar, desde el inicio del proceso y en cada una de las etapas, los enfoques diferenciados y la debida diligencia reforzada que deban ser aplicados, como en los casos de violencia de género o desaparición forzada.
3. Asegurar la participación diligente de los asesores jurídicos aun cuando no se encuentre presente o incluso localizable la víctima, de tal forma que sus derechos se vean garantizados e institucionalizar la reparación del daño para que sea integral.
4. Asegurar competencias en argumentación, lógica jurídica aplicada y la creación y aplicación de metodologías y planes de investigación, con la finalidad de que estén articuladas las acciones que realiza cada una de las personas operadoras.
5. Contar con un mecanismo que auxilie en la programación de horarios para las audiencias, con la finalidad de no empalmarlas, evitar su diferimiento y la vulneración del principio de inmediación y continuidad.
