La secretaria general del SITTGE, Francisca Reséndiz Lara, acusó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona de evadir sus responsabilidades patronales y violar los derechos laborales de más de 150 trabajadores estatales despedidos ilegalmente.
En conferencia de prensa, denunció que el mandatario adeuda más de 6 mil millones de pesos a la Dirección General de Pensiones, mientras impulsa fondos para policías municipales, violando la autonomía de los ayuntamientos.
Reséndiz presentó los casos de Laura Carolina Yáñez García y Víctor Escalante Torres, trabajadores que fueron víctimas de despidos ilegales, acoso laboral y uso de la fuerza pública para intimidarlos. Denunció que a ninguno se le notificó oficialmente su baja, ni se les entregó liquidación alguna.
Yáñez, con 14 años de antigüedad y base laboral, relató que sufrió hostigamiento y amenazas por parte de sus superiores en la Dirección de Control Patrimonial, y que incluso fue intimidada por agentes de la Guardia Civil Estatal. Acusó directamente al gobernador: “Fui víctima del Gobernador. Me robó mi base y cometió un secuestro laboral”.
Por su parte, Escalante denunció que, tras su cese, la Dirección de Pensiones emprendió un proceso legal para quitarle su vivienda, pese a su imposibilidad de pagar el crédito hipotecario sin ingresos, y sin que se usara su finiquito, como correspondía legalmente.
El asesor jurídico del sindicato, Francisco Parra, calificó como ilegal y autoritaria la conducta del gobernador, y advirtió que puede ser sancionado incluso después de su mandato.
