La canciller alemana, Angela Merkel, anunció un plan contra el calentamiento global de 54 mil millones de euros (59 mil 654 de dólares) para los próximos cuatro años, mientras cientos de miles de personas protestan en decenas de ciudades de Alemania por la inacción ante la emergencia climática.
Las emisiones de CO2 serán grabadas como una nueva tasa. Los combustibles para vehículos y calefacción se encarecerán. También los boletos de avión. A cambio, bajará el precio de viajar en tren y se promoverán la energía eólica y la solar con ayudas e incentivos.
Todo esto para alcanzar en 2030 una reducción del 55% de las emisiones de CO2 (con respecto a 1990), en línea con lo acordado dentro de la Unión Europea. El reto es cumplir este objetivo después de que el Gobierno alemán haya reconocido ya que no va a lograr cumplir con la reducción del 40% que se había propuesto para 2020.
Según distintos estudios Alemania -el sexto mayor emisor de gases contaminantes- no iba a alcanzar el objetivo de 2020 hasta 2028 si no tomaba nuevas medidas. Y el de 2030 no lo iba a poder alcanzar hasta 2046.
«Ahora no somos sostenibles», reconoció la canciller al presentar este paquete de 70 medidas, su carta de presentación para la cumbre extraordinaria convocada para este lunes por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Merkel reiteró su «compromiso» para que Alemania sea «neutral» en materia de emisiones contaminantes para 2050. «Hay evidencias masivas del mundo científico», añadió la canciller en alusión a la crisis climática, y «quien pretenda ignorarlas no actúa con justicia hacia el futuro».
Al ámbito político le corresponde «llevar a la práctica lo que es practicable», continuó consciente de que las medidas van a aparecer como «insuficientes» a muchos de los que «en Berlín, como en todas partes del mundo», salían ese día a la calle reclamando acciones contundentes.
Dentro de ese término de «medidas practicables» se inscribe el paquete de iniciativas concretas que la coalición de conservadores y socialdemócratas implantará «progresivamente», con la supervisión periódica de un organismo independiente de monitoreo, que controlará los avances y exigirá, si es necesario, nuevos impulsos para cumplir con los objetivos.
La medida estrella -y a la que más tiempo han dedicado los negociadores de la coalición- es el establecimiento de una tasa nacional a las emisiones de CO2, que crecerá progresivamente hasta que se pueda poner en marcha un mercado de derechos en el que participen las empresas que produzcan o distribuyan combustibles para el transporte o la calefacción.
A partir de 2021 se empezará a pagar 10 euros por tonelada de CO2 y el precio irá subiendo progresivamente hasta que en 2025 cueste 35 euros la tonelada. Esto afectará al precio de la gasolina, el diésel, el gasóleo para calefacciones y el gas natural.
