Tanto el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), como el Instituto Nacional Electoral (INE), se niegan a intervenir para evitar los delitos electorales que comete el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al obligar a empleadas y empleados estatales a realizar trabajo proselitista a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), bajo la amenaza de despedirlos sí se niegan, denunció la Secretaría de Tesorería y fundadora del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE), Francisca Reséndiz Lara.
La lideresa sindical reveló que ante la omisión de las autoridades encargadas, los abusos del mandatario estatal se acrecientan, porque ahora les quiere comprar el voto a las y los empleados y a sus familiares, a mil 500 pesos por persona, por lo que criticó que les apliquen “la ley del garrote y la zanahoria”.
Aseveró que primero amenaza a las y los trabajadores, para forzarlos a que apoyen las campañas de su proyecto político, y sí no lo hacen, los despiden ilegalmente; de igual forma, retiene sus salarios, para, ya con carencias económicas, ofrecerles dinero por su sufragio, a fin de doblegarlos.
Reséndiz Lara rechazó las declaraciones del secretario general, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien negó que existiese tal acoso y demandó a los burócratas no desviar recursos públicos a favor de candidato alguno, porque consideró que “el ladrón cree que todos son de su condición” y “él mismo avienta la piedra que tiene en la mano”.
Expuso que los trabajadores conocen y cumplen sus obligaciones, y la única manera de salirse del trabajo, es con un pase de salida, como el que les dan a la clientela política que está en nómina, para que asista a eventos políticos, aún en horario laboral.
Añadió que desde que inició la administración estatal, han despedido ilegalmente a más de 212 integrantes del SITTGE, pero no para reducir la nómina, sino para meter a trabajar a más de 700 personas que lo apoyaron en su campaña, principalmente dirigentes de colonias, que hoy están ubicados en áreas de limpieza, y son utilizados para asistir a eventos de sus candidatas y candidatos, a cualquier hora, por lo que incluso hay momentos en que las oficinas se quedan solas.
Indicó que el forzar a las y los empleados estatales a realizar trabajo proselitista, repartiendo programas sociales, e incluyendo “llenar” actos partidistas, así como hoy comprar su voto, es un acto desesperado, porque las y los candidatos del gobernador no generan simpatía entre la población, sino rechazo, a pesar de que el mandatario estatal gasta enormes cantidades de recursos públicos para sus campañas, y él mismo los promueve al difundir sus actividades, pese a la veda electoral.
Reséndiz Lara consideró una falacia las declaraciones del gobernador, quién afirmó que el personal de seguridad pública es actor fundamental para mantener la tranquilidad en el estado, “como si estuviese hablando de otro mundo”, pues denunció que en la realidad, a los policías estatales les niega los derechos laborales, no les permite jubilarse, y no les entrega su pensión.
La lideresa sindical mencionó que el SITTGE solicita resolver más de 30 casos que tienen que ver con los elementos de seguridad pública, pero el mandatario estatal se niega a responder a los oficios, negándoles la condición humana.
