Autor: Chucho

  • Dan de baja a un grupo de cadetes de manera irregular e ilegal

    Dan de baja a un grupo de cadetes de manera irregular e ilegal

    En una manifestación llevada a cabo este martes 2 de abril a las afueras del Palacio de Gobierno de San Luis Potosí, la abogada y activista Jaqueline Zárate levantó la voz para denunciar una serie de presuntos abusos de autoridad y actos de corrupción que estarían ocurriendo al interior de la Academia Estatal de Seguridad.

    Frente al recinto gubernamental, Zárate colocó pancartas en las que señalaba directamente a la directora de la academia, Alba Luz Juárez Hernández, como responsable de estos actos irregulares.

    Según las afirmaciones de la abogada, la directiva de la Academia habría dado de baja de manera ilegal a un grupo de cadetes, fabricando supuestas violaciones al reglamento interno; cuyas acciones, alegó la activista, han afectado a más de 150 cadetes, siendo 25 de ellos las víctimas directas de estas bajas injustificadas.

    Además, Zárate reveló que las autoridades de la academia han fichado los nombres de estos cadetes para evitar que puedan conseguir empleo en fuerzas militares a nivel local, estatal y nacional.

    La denunciante explicó que, tras alertar sobre estas irregularidades, buscaron el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sin embargo, la solución propuesta no resultó efectiva para reintegrar a los cadetes afectados.

    En febrero de este año, cuando los cadetes intentaron reintegrarse a la academia como se les había sugerido, fueron recibidos con humillaciones y conatos de violencia por parte del personal de la misma, según relató la activista, «acudieron a la academia, los humillaron y sobajaron, inclusive una de las instructoras y reclutadoras casi golpea a una de las chicas que quería volver a reincorporarse a la tercera generación».

    Ante esta situación, los cadetes tienen previsto manifestarse el próximo viernes 5 de abril en las oficinas del C5i2 de la capital potosina, mientras que el director jurídico de la SSPC dialogará con los representantes de los afectados.

    «Ya tuve el acercamiento con el licenciado Gallardo, él apoya a los cadetes para que sean reincorporados, también tuve el acercamiento con el presidente de la República el 21 de enero y dio la orden al gobernador para que apoye a los chicos, pero lamentablemente aquí se echan la bolita, mientras que la academia hace caso omiso a esta orden del gobernador”, concluyó la abogada.

  • Legisladores consideran viable llamar a comparecer a alcalde de Cárdenas

    Legisladores consideran viable llamar a comparecer a alcalde de Cárdenas

    Ante los recientes sucesos de violencia registrados en el municipio de Cárdenas y el nivel de inseguridad que se vive en la región Media de la entidad potosina, legisladores consideraron viable llamar a comparecer al alcalde interino Omar Alexander Torres Gloria, con la finalidad de conocer su estrategia de seguridad.

    El integrante de la Comisión de Seguridad, el diputado Alejandro Leal Tovías señaló que sería viable llamar a comparecer a Torres Gloria, aunque lleva pocas semanas en el cargo, pues está supliendo a Jorge Omar Muñoz Martínez, conocido como “Melones”, quien ha sido vinculado al crimen organizado.

    Expresó que la necesidad de llamar al edil suplente es con la finalidad de que les detalle la estrategia de seguridad que se usa en la Zona Media: “la responsabilidad es darles seguridad a sus ciudadanos y ese es el tema que toca con el presidente municipal. Yo creo que sí sería importante que viniera a dar una explicación, sobre todo a la Comisión de Seguridad”.

    Por su parte, la diputada de Nueva Alianza, Claudia Tristán Alvarado externó la importancia de investigar los casos registrados en la demarcación y, posterior a ello, quien resulte responsable tendrá que ser sancionado de acuerdo a la ley, “esté involucrado quien esté involucrado”.

    Tristán Alvarado añadió que el caso de Cárdenas no guarda una similitud a lo ocurrido en el municipio de Matehuala, hace unos meses, pues consideró que en el Altiplano las situaciones fueron de mayor gravedad.

    “En este caso se presumen autoridades municipales, así pues, ni modo hay que proceder. Nada más sería como en todos, investigar y si hay alguna situación donde se esté involucrado de alguna manera se actúe”, puntualizó la diputada.

    No obstante, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que, ante la sospecha de posibles vínculos entre las autoridades municipales y el crimen organizado, su administración realizará acciones de depuración y se llevará a cabo una mesa de seguridad en Cárdenas, la cual ocurrió este martes 2 de abril.

  • Diputado del PVEM reconoce que aún falta para municipalizar Pozos

    Diputado del PVEM reconoce que aún falta para municipalizar Pozos

    El presidente de la Comisión de Gobernación, Emilio Eduardo Briones Valdez, reconoció que pese que ayer el titular de la Secretaría General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, celebró el sobreseimiento de un amparo contra la municipalización de Villa de Pozos, aún persisten obstáculos legales que impiden su culminación.

    Según Briones Valdez, el proceso continúa detenido debido a dos amparos que están pendientes de resolverse, aunque recientemente se sobreseyó uno de los tres presentados inicialmente: “quedan dos amparos vigentes (…) al Congreso únicamente le resta esperar a que sean los tiempos y se resuelvan mediante la vía jurídica».

    El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) explicó que, aunque se ha sobreseído un amparo a favor del Congreso del Estado, la sentencia aún no está firme, y podría promoverse algún recurso de revisión.

    Además, señaló que se ha iniciado un proceso de impugnación sobre los amparos pendientes, con la esperanza de resolverlos en los próximos meses y lograr la municipalización de Villa de Pozos este mismo año.

    Estas declaraciones surgen tras el anuncio de Torres Sánchez ayer en entrevista, sobre el sobreseimiento del tercer amparo, emitido por el Juzgado Sexto de Distrito, pues dijo que este fallo permitirá avanzar en el proceso de municipalización, ya que se logró al demostrar que el acto reclamado no afecta de manera real o diferenciada a la población.