Autor: Chucho

  • Se cuestionará al Fiscal sobre altos índices de impunidad en el Estado: JFA

    Se cuestionará al Fiscal sobre altos índices de impunidad en el Estado: JFA

    Tras la publicación de resultados de México Evalúa que muestran una impunidad del 98.6%, el Fiscal será cuestionado al respecto

    Esta semana, México Evalúa publicó los resultados de su estudio «Hallazgos desde lo local: San Luis Potosí«, en donde además de otras serias deficiencias en el sistema de justicia penal, llamó la atención el dato de que el 98.6% de los delitos quedaron impunes en el estado durante 2022.

    Al respecto, el diputado Juan Francisco Aguilar Hernández, pertenenciente a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, manifestó que durante la próxima comparecencia del Fiscal José Luis Ruiz Contreras, «se le va a llamar para que de cuenta de los delitos que son señalados y que han sido carpetas, motivos de carpetas de investigación y que no sabemos el estatus que se encuentran».

    Señaló que habría que estar atentos para ver si el problema de la impunidad es debido a que el Poder Judicial no está dando sentencias condenatorias o ver el papel que juega la Fiscalía en los asuntos para de llevar a juicio y que se puedan sancionar penalmente.

    El también doctor en materia penal matizó que «obviamente es importante el organigrama que pueda tener la Fiscalía y esto desde las mesas de atención temprana. Ahora hay que hay que también decirlo, que este este sistema de justicia penal no nada más busca el sancionar penalmente al delincuente en sí, sino este nuevo sistema busca también la reparación del daño«.

    «En ese esquema, habría que ver cuántos asuntos se pueden estar resolviendo o se han resuelto y si efectivamente está actuando de manera correcta la Fiscalía», puntualizó.

    Finalmente, Aguilar Hernández dijo confiar en la actuación de la propia Fiscalía, «el director de la Policía de Investigación, hoy en día es una persona que no es improvisada, que tiene bastante conocimiento de del sistema adversarial, es abogado y tiene preparación. Entonces creo yo que hay que ver dónde está exactamente la falla«.

  • 98.6% de delitos quedaron impunes en San Luis Potosí durante 2022

    98.6% de delitos quedaron impunes en San Luis Potosí durante 2022

    México Evalúa presentó Hallazgos desde lo local, la más reciente edición del reporte anual que evalúa y da seguimiento al sistema de justicia penal en la entidad.

    México Evalúa presentó su reporte Hallazgos desde lo local 2022: San Luis Potosí en un diálogo con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, articuladas a través de Red Justicia. Durante el acto se revisó el estado de la justicia penal, se hicieron recomendaciones para elevar la calidad de sus resultados y se dio seguimiento al avance de los compromisos que las autoridades hicieron en años previos.

    De acuerdo con el Índice de Impunidad, una medición elaborada ex profeso para Hallazgos, el 98.6% de los delitos investigados quedó impune en la entidad en 2022, 2.3 puntos por encima del promedio nacional, que fue de 96.3%. Al medir la impunidad por delito, el reporte muestra que narcomenudeo (99.9%), violencia familiar (99.8%), despojo (99.50%) y robo simple (99.48%) reportaron los mayores índices. Para los delitos de secuestro y feminicidio, la impunidad es ligeramente menor, con 90.48% y 90.5%, respectivamente.

    Por su parte, el Ranking de Capacidad Institucional muestra que San Luis Potosí reportó un avance respecto de 2021, al pasar de 608 a 720 puntos de un estándar de 1,200. Así, la entidad se ubicó en la posición 10 a nivel nacional.

    “El plan de persecución penal nos permitió identificar los delitos de mayor recurrencia y delitos prioritarios, lo que dio pie a la creación de fiscalías especializadas en delitos como feminicidios, focalizar esfuerzos, establecer metas para la procuración de justicia y reducir el rezago actual”, comentó José Luis Ruiz Contreras, fiscal general de justicia del estado.

    “Llamamos a las autoridades a dar continuidad a los esfuerzos que han emprendido en materia de violencia familiar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, así como a la implementación y el seguimiento desde la ciudadanía del plan de persecución penal, el cual deberá traducirse en una paulatina reducción en los índices de impunidad de los delitos que más impactan a la sociedad, como homicidio, secuestro o desaparición”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.

    Por otra parte, en el diálogo se discutió el hecho de que en San Luis Potosí ocho de cada 10 personas acusadas de un delito siguen su proceso penal en prisión, ya que en el 60.7% de los casos se impuso la prisión preventiva oficiosa, en el 17.4% prisión preventiva mediante justificación de riesgo procesal, y sólo en el 21.9% de los casos se otorgaron medidas cautelares que permitieron que la persona acusada siguiera su proceso en libertad.

    Al respecto, José Mario de la Garza, presidente de Perteneces A.C, instó a la Fiscalía a generar un mecanismo institucional para la participación activa de la sociedad civil en el fortalecimiento del trabajo de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS) y el uso racional de las medidas privativas de la libertad, para que más personas imputadas puedan seguir sus procesos en libertad.

    Según Hallazgos, a pesar de la tendencia a la baja, el 41% de las audiencias fueron pospuestas en San Luis Potosí durante 2022, proporción superior al promedio nacional, de 22%. En cuanto a la duración de los procesos penales por juicio oral, la entidad presenta una extensión considerable, con un promedio de 548 días, tiempo mayor al promedio nacional de 484 días y al plazo previsto en la Constitución, de un año.

    En el diálogo se hicieron las siguientes recomendaciones para fortalecer la justicia penal, así como para proteger y garantizar los derechos de las personas víctimas y de las acusadas de un delito:

    1. Revisar, fortalecer e institucionalizar mecanismos de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana en el marco de la Política de Persecución Penal.

    2. Plantear una política para desahogar el rezago de casos previos y aprovechar la justicia alternativa.
    Fortalecer a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas con presupuesto y personal, así como estándares y medios de supervisión para elevar su calidad.

    3. Fortalecer la operación y capacidades de la Unidad de Medidas Cautelares.

    4. Disminuir el diferimiento de audiencias y revisar la congestión judicial, para reducir la dilación y duración de los procesos penales.

    En el evento participaron también Jorge Carbajal, responsable de alianzas del programa de justicia de México Evalúa; Siegfried Herzog, director regional para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann; Juan Gerardo Castillo Mata, director de asuntos jurídicos y derechos humanos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; Oralia Lizbeth Solis Aguilar titular de la unidad de derechos humanos y equidad de género del Supremo Tribunal de Justicia; Edgar Valdéz Zavala, titular de la Defensoría Pública; Carolina Galicia Benitez, directora de gestión judicial del Supremo Tribunal de Justicia; Mónica Macías Guel, representante de la Fundación Benemérita Ponciano Arriaga Leija A.C; Fátima Patricia Hernández Alvizo, representante de Luminas Centro de Derechos Humanos A.C; Rogelio Córdova Nava, representante de Educación y Ciudadanía A.C; y José Mario de la Garza, representante de Perteneces A.C.

  • UASLP sin observaciones de la Auditoría Superior de la Federación

    UASLP sin observaciones de la Auditoría Superior de la Federación

    La UASLP lleva a cabo la aplicación de forma responsable del presupuesto en todos los rubros del gasto.

    De forma sostenida, en los últimos tres años la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ha registrado cero observaciones en el recurso fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo que ha revisado en promedio hasta el 80 por ciento de su presupuesto anual; lo cual confirma el buen uso que la institución realiza del patrimonio público.

    En este ejercicio de transparencia, en 2020 la ASF revisó una muestra de 1,679,035.1 miles de pesos, que representó el 80.0 por ciento de los 2,099,630.7 miles de pesos transferidos a la Universidad, provenientes de los Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales y según señala el documento correspondiente, se realizó un ejercicio razonable de dicho presupuesto.

    Para 2021, el ente fiscalizador revisó una muestra de 1,856,886.2 miles de pesos, que representó el 77.7 por ciento de los 2,391,010.9 miles de pesos transferidos a la Universidad. Mientras que para el ejercicio 2022, el más reciente, la muestra auditada fue de 2,274,365.5 miles de pesos, de un universo seleccionado de 2,516,630.5 miles de pesos, es decir, el 90.4 por ciento del monto.

    De esta manera, la UASLP lleva a cabo la aplicación de forma responsable del presupuesto en rubros como: servicios personales, adquisiciones, arrendamientos, obra pública y servicios, así como sus obligaciones de transparencia, ya que en cada año entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos.