México Evalúa presentó Hallazgos desde lo local, la más reciente edición del reporte anual que evalúa y da seguimiento al sistema de justicia penal en la entidad.
México Evalúa presentó su reporte Hallazgos desde lo local 2022: San Luis Potosí en un diálogo con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, articuladas a través de Red Justicia. Durante el acto se revisó el estado de la justicia penal, se hicieron recomendaciones para elevar la calidad de sus resultados y se dio seguimiento al avance de los compromisos que las autoridades hicieron en años previos.
De acuerdo con el Índice de Impunidad, una medición elaborada ex profeso para Hallazgos, el 98.6% de los delitos investigados quedó impune en la entidad en 2022, 2.3 puntos por encima del promedio nacional, que fue de 96.3%. Al medir la impunidad por delito, el reporte muestra que narcomenudeo (99.9%), violencia familiar (99.8%), despojo (99.50%) y robo simple (99.48%) reportaron los mayores índices. Para los delitos de secuestro y feminicidio, la impunidad es ligeramente menor, con 90.48% y 90.5%, respectivamente.
Por su parte, el Ranking de Capacidad Institucional muestra que San Luis Potosí reportó un avance respecto de 2021, al pasar de 608 a 720 puntos de un estándar de 1,200. Así, la entidad se ubicó en la posición 10 a nivel nacional.
“El plan de persecución penal nos permitió identificar los delitos de mayor recurrencia y delitos prioritarios, lo que dio pie a la creación de fiscalías especializadas en delitos como feminicidios, focalizar esfuerzos, establecer metas para la procuración de justicia y reducir el rezago actual”, comentó José Luis Ruiz Contreras, fiscal general de justicia del estado.
“Llamamos a las autoridades a dar continuidad a los esfuerzos que han emprendido en materia de violencia familiar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, así como a la implementación y el seguimiento desde la ciudadanía del plan de persecución penal, el cual deberá traducirse en una paulatina reducción en los índices de impunidad de los delitos que más impactan a la sociedad, como homicidio, secuestro o desaparición”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.
Por otra parte, en el diálogo se discutió el hecho de que en San Luis Potosí ocho de cada 10 personas acusadas de un delito siguen su proceso penal en prisión, ya que en el 60.7% de los casos se impuso la prisión preventiva oficiosa, en el 17.4% prisión preventiva mediante justificación de riesgo procesal, y sólo en el 21.9% de los casos se otorgaron medidas cautelares que permitieron que la persona acusada siguiera su proceso en libertad.
Al respecto, José Mario de la Garza, presidente de Perteneces A.C, instó a la Fiscalía a generar un mecanismo institucional para la participación activa de la sociedad civil en el fortalecimiento del trabajo de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS) y el uso racional de las medidas privativas de la libertad, para que más personas imputadas puedan seguir sus procesos en libertad.
Según Hallazgos, a pesar de la tendencia a la baja, el 41% de las audiencias fueron pospuestas en San Luis Potosí durante 2022, proporción superior al promedio nacional, de 22%. En cuanto a la duración de los procesos penales por juicio oral, la entidad presenta una extensión considerable, con un promedio de 548 días, tiempo mayor al promedio nacional de 484 días y al plazo previsto en la Constitución, de un año.
En el diálogo se hicieron las siguientes recomendaciones para fortalecer la justicia penal, así como para proteger y garantizar los derechos de las personas víctimas y de las acusadas de un delito:
1. Revisar, fortalecer e institucionalizar mecanismos de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana en el marco de la Política de Persecución Penal.
2. Plantear una política para desahogar el rezago de casos previos y aprovechar la justicia alternativa.
Fortalecer a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas con presupuesto y personal, así como estándares y medios de supervisión para elevar su calidad.
3. Fortalecer la operación y capacidades de la Unidad de Medidas Cautelares.
4. Disminuir el diferimiento de audiencias y revisar la congestión judicial, para reducir la dilación y duración de los procesos penales.
En el evento participaron también Jorge Carbajal, responsable de alianzas del programa de justicia de México Evalúa; Siegfried Herzog, director regional para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann; Juan Gerardo Castillo Mata, director de asuntos jurídicos y derechos humanos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; Oralia Lizbeth Solis Aguilar titular de la unidad de derechos humanos y equidad de género del Supremo Tribunal de Justicia; Edgar Valdéz Zavala, titular de la Defensoría Pública; Carolina Galicia Benitez, directora de gestión judicial del Supremo Tribunal de Justicia; Mónica Macías Guel, representante de la Fundación Benemérita Ponciano Arriaga Leija A.C; Fátima Patricia Hernández Alvizo, representante de Luminas Centro de Derechos Humanos A.C; Rogelio Córdova Nava, representante de Educación y Ciudadanía A.C; y José Mario de la Garza, representante de Perteneces A.C.
