Hoy la organización civil Perteneces llevó a cabo la presentación del Informe de Observación Relativo al Voto de las Personas en Prisión Preventiva en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024. El presídium estuvo conformado por José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Perteneces; Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE SLP; Ana Lucía Barajas Garay, vocal de organización electoral de la Junta Local del INE SLP; y Sandra Nalleli Rangel Jiménez, subdirectora de circunscripción plurinominal. La presentación estuvo a cargo de Celia García Valdiviezo, directora de derechos humanos, y Arturo Tabales, coordinador de investigación y capacitación, ambos de Perteneces.
Este informe tiene como objetivo dar a conocer a la sociedad sobre los hallazgos y perspectivas derivados de la observación electoral llevada a cabo por Perteneces, centrada en el derecho al voto de las personas en prisión preventiva. Durante la presentación, José Mario de la Garza subrayó la importancia de los derechos humanos de esta población, destacando que su derecho al voto no solo fortalece la democracia, sino que también constituye un reconocimiento a su dignidad y una oportunidad para su inclusión social. “No podemos dejar de lado a las personas privadas de libertad en la construcción de un país más justo y democrático”, afirmó.
A través de diversas herramientas como la observación participante, análisis de bibliografía y entrevistas, Perteneces identificó buenas prácticas y áreas de oportunidad en el ejercicio del voto en los centros penitenciarios. Entre los aspectos más relevantes se mencionaron la coordinación interinstitucional y la necesidad de una mayor sensibilización en los procesos electorales para este grupo. Se observó que, de una lista nominal de 30,391 personas en prisión preventiva a nivel nacional, el 88% eran hombres y el 12% mujeres. En San Luis Potosí, 687 personas privadas de su libertad ejercieron su derecho al voto en cinco centros penitenciarios.
Además de los retos logísticos, como la capacitación del personal del INE y la falta de un voto plenamente informado, el informe identificó que el 25% de las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios federales y estatales esperan más de 24 meses para recibir una sentencia. Esta situación, indicó García Valdiviezo, refleja una deuda del sistema de justicia que debe ser atendida con urgencia. Los altos niveles de prisión preventiva y las dificultades para acceder a una representación legal efectiva hacen que este grupo sea particularmente vulnerable.
Entre los momentos clave del proceso electoral se destacó la firma del convenio de colaboración entre Perteneces y el INE, la capacitación a observadores y la apertura del material electoral en los centros penitenciarios, lo que permitió garantizar la transparencia del proceso. Los resultados de esta observación buscan servir como insumos para mejorar las condiciones en futuros procesos electorales y asegurar que el derecho al voto de las personas en prisión preventiva se respete de manera integral.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023, había 88,345 personas en prisión preventiva en México, distribuidas en 314 centros penitenciarios, de los cuales 248 son estatales. La capacidad instalada de estos centros es de 222,133 personas, lo que resalta la sobrepoblación y las condiciones precarias en las que vive gran parte de la población penitenciaria. Estos factores agravan las desigualdades que enfrentan las personas privadas de su libertad, lo que se reflejó también en las opiniones recogidas durante la observación. Comentarios como «se sintió chido votar» o «es bueno que nos tomen en cuenta» reflejan la necesidad de continuar garantizando y ampliando este derecho.
Finalmente, Perteneces hizo un llamado a seguir trabajando en la defensa de los derechos políticos de las personas en prisión preventiva, proponiendo recomendaciones claras para futuros ejercicios, como una mayor participación de los partidos políticos en la sensibilización sobre el voto en estos centros y la mejora de los mecanismos de coordinación institucional.
