La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) se amparó contra la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a Acceso a la Información Pública (Cegaip), para no entregar los datos públicos solicitados sobre los contratos, costos y empresas involucradas en la remodelación de las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), incluído el escenario del Teatro de Pueblo.
La dependencia encabezada por Leticia Vargas Tinajero, decidió el pasado 14 de marzo interponer un juicio de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, con número de expediente 432/2024 en contra de la “resolución dictada dentro del recurso de revisión RR-2006/2022-I SIGEMI-SICOM, de fecha 26 de febrero de 2024”.
En dicho recurso se solicita dar a conocer por parte de la Dirección de Infraestructura de la Seduvop entregar la información pública solicitada de la remodelación de la Fenapo, luego de que la Cegaip la apercibió y amenazó con imponerle una multa que va de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces la unidad de medida y actualización, es decir, de 5 mil 400 a 162 mil pesos, la cual no puede ser pagada con recursos públicos.
Según el argumento, la Seduvop se encontraba imposibilitada para entregar esos datos “toda vez que, la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable para este Sujeto Obligado”, debido a que los documentos solicitados estaban en poder del “Instituto de Fiscalización Superior para realizar una auditoría”.
Al respecto, la Cegaip determinó que la información solicitada es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes; asimismo, que ante la justificación se encontró que “no se advierte que se encuentre establecida hipótesis alguna que contemple la reserva de la información por encontrarse en proceso una auditoría”.
Es por ello que en la Cegaip resolvió apercibir a Javier Ortiz Patiño, Luis Gerardo Ruiz Ibarra y José Armando Torres Mata, presidente, secretario y coordinador, respectivamente, del Comité de Transparencia de la Seduvop, así como a Juan Manuel Mendoza García, director general de Infraestructura de la dependencia, para que se abstengan de “realizar prácticas que obstaculicen el ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública, negando el acceso a información que tiene una naturaleza pública y que incluso debe obrar publicada en la Plataforma Estatal de Transparencia”.
Se requirió a la titular de la Seduvop, Leticia Vargas Tinajero, para que dentro del término de cinco días hábiles después de la notificación se acredite el cumplimiento de la resolución, cuyo plazo se cumplía el viernes 22 de marzo, sin embargo la dependencia se amparó.


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