San Luis Potosí volvió a exhibir una preocupante opacidad en plena conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Mientras el país reflexiona sobre la urgencia de atender la violencia feminicida, las autoridades estales presentaron cifras que, lejos de aclarar el panorama, lo hace más confuso.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) afirmó que solo cuatro casos están siendo investigados como feminicidios en lo que va del año, aunque uno de ellos ni siquiera está confirmado. Además, admitió que dos muertes violentas de mujeres, inicialmente considerados como posibles feminicidios, fueron reclasificadas como homicidios dolosos, una práctica que organizaciones y especialistas han señalado como una forma de minimizar la estadística.
Pero las cifras federales cuentan otra historia. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSNSP) reporta cinco feminicidios en la entidad durante 2025, y el último ocurrió en Septiembre. El contrate es evidente, y el mensaje es claro: mientras la autoridad local reduce número, el registro nacional los sostiene.
A esta disparidad se suma un escenario aún más alarmante: de enero a octubre, 169 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso en San Luis Potosí. La mayoría, asesinadas con arma de fuego. Estas cifras reflejan una realidad mucho más cruda que la que se intenta proyectar desde el discurso institucional.
La contradicción entre lo que dice la Fiscalía y lo que reportan los datos federales no es un simple desajuste técnico: es un síntoma de un problema mayor. La clasificación irregular, la falta de criterios claros y la evidente resistencia a reconocer la gravedad del fenómeno frenan la capacidad de respuesta del Estado.
En una fecha que exige transparencia y compromiso real, las inconsistencias revelan lo contrario: una autoridad que informa con cautela mide con prudencia y registra con discreción… mientras la violencia contra las mujeres sigue avanzando sin freno.
