La Organización Ciudadanos Observando denunció que el costo de la tarjeta de circulación en San Luis Potosí aumentó 128%, pese a que su elaboración cuesta apenas alrededor de 75 pesos, lo que ha generado inconformidad y un aparo legal al considerarlo un cobro excesivo e injustificado,
El cobro por la tarjeta de circulación en San Luis Potosí desató una disputa legal por su alto costo. El abogado y activista ambiental Luis González Lozano, vinculado a la organización Cambio de Ruta A.C., promovió el amparo 557/2025 ante el Juzgado Tercero de Distrito al considerar que el pago exigido por este documento es excesivo e injustificado.
El recurso legal impugna el cobro por la renovación de la tarjeta de circulación, documento de control vehicular que expide la Secretaría de Finanzas del estado. En 2025, la dependencia fijó el costo en 6 UMAs, equivalentes a 747 pesos, para una vigencia de tres años. Antes, el trámite costaba 2.89 UMAs, por lo que el incremento fue de 128 por ciento.
Para sostener su demanda, González Lozano presentó una prueba pericial con la que busca demostrar que el precio actual no corresponde al costo real del documento. El juez solicitó la intervención de Waldo Arellano Espíndola, corredor público y perito valuador especializado, quien concluyó que fabricar una tarjeta de circulación con papel de seguridad, hologramas, códigos QR, tintas especiales y microtextos cuesta apenas 75 pesos por unidad.
De esa cantidad, solo 35 pesos corresponden a los elementos de seguridad. Según el peritaje, no hubo mejoras técnicas ni materiales que expliquen el fuerte aumento en el cobro. Incluso el cambio del formato plástico a papel, que fue presentado bajo argumentos de sustentabilidad, no justifica el precio actual.
En términos simples, el documento físico representa apenas 10 por ciento de lo que pagan los automovilistas. El resto se atribuye a supuestos costos administrativos que no están desglosados ni explicados públicamente.
La comparación con otros estados refuerza la inconformidad. En Guanajuato, la renovación de la tarjeta cuesta 313 pesos, mientras que en Jalisco el duplicado ronda los 357 pesos. Querétaro y Zacatecas manejan tarifas similares a las de Guanajuato, pese a que sus documentos cuentan con hologramas y medidas de seguridad parecidas. El perito incluso señaló que la tarjeta de San Luis Potosí no ofrece ventajas técnicas sobre las de esas entidades.
El fondo del amparo es claro: que los tribunales determinen si este cobro viola el principio constitucional de proporcionalidad, que obliga a que los pagos exigidos por el Estado guarden una relación razonable con el costo real del servicio.
Este caso, ha causado mucha molestia en los potosinos, ya que la tarjeta de circulación se ha convertido en un impuesto disfrazado. Esto ocurre, además, en una entidad donde el gobierno presume no cobrar tenencia, aunque por otra vía termina imponiendo pagos que también golpean el bolsillo de los automovilistas.
Aunque la Secretaría de Finanzas, anunció que para este 2026 no se volverá a cobrar la tarjeta debido a su vigencia de tres años, el amparo promovido por González Lozano podría sentar un precedente importante. La discusión de fondo no es solo cuánto cuesta una tarjeta, sino hasta dónde puede llegar el gobierno al cobrar por un trámite sin justificar algo qué realmente vale 75 pesos.
