Se plantea un esquema de financiamiento a nueve años, en el que cada año se destine un porcentaje del Presupuesto de Egresos del Estado hasta lograr una autonomía financiera.
En sesión de la Diputación Permanente, se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales; Hacienda del Estado; y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado; de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; y de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objeto de establecer una gratuidad gradual en la Educación Superior del Estado.
La iniciativa fue presentada por las diputadas y los diputados: Edmundo Azael Torrescano Medina, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, Bernarda Reyes Hernández, Alejandro Leal Tovías, Juan Francisco Aguilar Hernández, Liliana Guadalupe Flores Almazán, Ma. Elena Ramírez Ramírez, Gabriela Martínez Lárraga, María Claudia Tristán Alvarado, Emma Idalia Saldaña Guerrero, y Héctor Mauricio Ramírez Konishi.
En la exposición de motivos, indican que derivado de las recomendaciones de los organismos internacionales de los que México es parte, en mayo de 2019 se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la gratuidad en la educación superior en México, situación que se planteó fuera de manera gradual, iniciando con la modificación a las leyes secundarias, en las que se establecería los mecanismos necesarios y la formas para implementarla.
Se indica que en el tema de gratuidad en la educación superior, se deben tomar criterios como: el número de matrícula que tienen, el número de los programas educativos, el número de profesores en el Sistema Nacional de Investigación y el número de investigaciones o trabajos de campo de carácter social que realicen, mismos que permitan a las instituciones mejorar condiciones para las y los alumnos y así mismo, obtener los recursos necesarios para cubrir sus necesidades y aplicar de manera progresiva la gratuidad.
Por ello, se plantea un esquema de financiamiento a nueve años, en el que cada año se destine un porcentaje del Presupuesto de Egresos del Estado comenzando con un 2% hasta llegar a un 5% para lograr una autonomía financiera.
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