Mientras la indignación crece entre los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quienes exigen justicia por los casos de violencia de género y acoso, la figura de la fiscal estatal parece desvanecerse entre el silencio y la indiferencia.
La pregunta que se repite en pancartas, consignas y redes sociales es contundente: ¿dónde está la fiscal? No se trata solo de su presencia física, sino de su voz, de su responsabilidad institucional, de su deber moral frente a una ola de denuncias que no pueden ni deben quedar archivadas.
Cada día que pasa sin una postura clara, sin resultados visibles, sin justicia tangible, aumenta la sensación de abandono. Las estudiantes no solo marchan contra sus agresores: también contra la impunidad que se ha vuelto costumbre. Y mientras tanto, la autoridad encargada de perseguir los delitos parece ausente, como si la crisis de confianza no le correspondiera.
El mensaje que envía el silencio es devastador. Una Fiscalía que calla frente a la exigencia de las víctimas se vuelve cómplice por omisión. La justicia no puede seguir siendo selectiva ni oportunista: debe ser pronta, transparente y con perspectiva de género.
Hoy, los jóvenes están haciendo lo que debería hacer el Estado: exigir verdad, justicia y dignidad. Y la pregunta sigue flotando en el aire, con más fuerza que nunca:
¿Dónde está la fiscal cuando más se le necesita?
