En México el paquete económico es el conjunto de proyectos legislativos en materia de Política Hacendaria, Ingresos y Egresos que presenta el ejecutivo federal al Congreso de la unión cada año para su análisis y aprobación, mismos que sirven para el funcionamiento y operación de la gestión gubernamental.
El 8 de septiembre del presente año se presentó ante el poder legislativo el paquete económico para el ejercicio fiscal 2021, en el que se incluye la ley de ingresos de la federación, los criterios generales de política económica, el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación, ley federal de derechos, la miscelánea fiscal, ley de impuestos sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, ley del impuesto especial sobre la producción y servicios, y el código fiscal de la federación.
Es importante considerar que esto es en función al contexto del entorno económico global complejo generado por la contingencia sanitaria del COVID-19, al igual que la economía nacional que ha sufrido una gran contracción al tener un aumento en las pérdidas de empleo, la inestabilidad financiera en la que se incluye el tipo de cambio, la volatilidad del precio del petróleo y la presión en las finanzas públicas.
Así mismo, se estima mediante el ejecutivo federal, tener ingresos totales de $5,530.9 mmdp, es decir 3% real menor a lo aprobado para el paquete económico del 2020.
Con base en esta propuesta, ¿qué cambios se realizaron para poder afrontar la crisis económica en el país que no afecte a la economía individual de los ciudadanos? ¿serán eficientes estas medidas para sanar la economía de México lo más rápido posible?
Si bien, la ley de ingresos de la Federación aprobada para 2021, señala que se espera que los ingresos tributarios en general disminuyan 2.6% respecto a lo aprobado para 2020, esta propia ley estima un tipo de cambio promedio nominal del peso respecto al dólar estadounidense de $22,1 MXN, una tasa nominal promedio de CETES a 28 días de 4%, una inflación anual del 3%, un precio promedio de barril de petróleo crudo de $42.1 dólares por barril, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3.6% a 5.6% en términos reales, sin embargo, debido a esto la deuda pública se incrementa respecto a lo aprobado para el año pasado en 5,4% nominal, representando el 52,4% del PIB.
En esta propuesta para el paquete del 2021, no se incluyen nuevos impuestos ni el incremento de los mismos, con la excepción de la actualización de algunos de ellos, donde se incluyen cambios orientados a fortalecer los mecanismos en el proceso de fiscalización relacionados a cinco puntos adicionales:
1. Prestadores de servicios digitales, que son aquellos residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, donde se señala que si incurren en omisiones fiscales graves podrían sufrir el bloqueo de acceso a internet a su servicio.
2. Escisiones de sociedades, donde siempre tendrán el efecto de una enajenación cuando se generen conceptos o partidas que no existían antes de la escisión.
3. Responsabilidad solidaria, para los residentes de México que trabajen con partes relacionadas al apoyo social para residentes en el extranjero serán responsables solidarios cuando estos últimos generen un establecimiento permanente en México.
4. Estímulos fiscales de la ley de ingresos de la federación, en donde menciona que los estímulos fiscales descritos en la ley de ingresos serán acumulables para efectos de la ley de impuestos sobre la renta.
5. Aumentos de capital, donde la documentación correspondiente como los estados de cuenta bancarios deberán ser conservados por toda la existencia de la sociedad, mismos requisitos serán aplicables para otros casos como la documentación necesaria para implementar los acuerdos alcanzados como resultado de resolución de controversias en los contenidos de los tratados fiscales.
Esto es parte de las medidas y cambios a las disposiciones fiscales más importantes. Sin embargo, dado la crisis sanitaria y ante la ausencia de una vacuna efectiva se contempla para el sector salud una mayor aportación de $667,236.4 millones con un aumento del 9.2% en términos reales en comparación al paquete del año pasado.
A pesar de que aún falta esperar hasta el 20 de octubre como plazo para su aprobación por la Comisión de Hacienda, y del 20 al 30 de octubre por la cámara de senadores en donde se podrá canalizar a detalle algunos posibles cambios para su aprobación.
Pese a todo lo anterior, es importante generar canales y parlamentos de intercambio de ideas, propuestas e iniciativas con todos los sectores productivos del país sobre las leyes y cambios generados para complementar e informar acerca de su implementación ya que, además, tras estas estimaciones podemos percibir un escenario muy optimista sobre la tasa de crecimiento de la productividad presentada, que se encuentra muy por encima de las estimaciones de algunas instituciones como Banxico, y es importante considerarlo debido a que esto genera un panorama más realista sobre los principales ingresos para el Estado que principalmente provienen de la recaudación de impuestos como el IVA, ISR, de donde se obtiene alrededor del 40% de aportaciones al sector público.
De no llegarse a cumplir con lo esperado, incluso llegaría a ser difícil que los mexicanos tengan el nivel de ingresos y gasto suficientes para que el gobierno pueda cumplir con las metas y objetivos planteados ante la capacidad de la política fiscal para generar un motor contra-cíclico en un entorno de colapso en la economía actualmente estrecha.
Es por ello que se deben ajustar los gastos de una manera más eficiente para la recuperación, tales como el fortalecimiento del seguro de desempleo para aquellas personas quienes fueron principalmente afectadas, ó reorientar la prioridad de algunos proyectos que impactan en menor grado a la recuperación del país como la deuda pública de Pemex que podría generar un estancamiento gradual a la productividad de otros sectores, de la misma manera con algunos programas sociales que desde su ejecución, años atrás, han generado resultado con una baja influencia sobre el desarrollo económico y social de el país.
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