El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal, Pablo Gómez Álvarez dio a conocer que Sonia Vargas Terreros, empleada de la Judicatura Federal firmó como exfuncionaria de la Policía Federal Preventiva contratos por poco más de 71 millones de dólares con empresas vinculadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.
Vargas Terreros es actual directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, quien asegura la UIF es responsable de la firma de los contratos.
“En el periodo de Felipe Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares”, reveló el funcionario federal.
De acuerdo con Gómez Álvarez, en la investigación realizada también se detectó que se firmaron diversos contratos con las mismas empresas durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El titular de la UIF, detalló que Vargas Terreros fue solo uno de los funcionarios que firmaron contratos con la empresa Nunvav, propiedad del exsecretario de Seguridad, y otras que formaban parte del mismo consorcio.
Asimismo, Gómez Álvarez detalló un conjunto de contratos que involucran a otros funcionarios de la Policía Federal Preventiva y de la Secretaria de Seguridad Pública, que conforman el núcleo central de una demanda que ha presentado el gobierno mexicano para recuperar 700 millones de dólares, surgidos de operaciones ilícitas e involucrados en triangulación de lavado de dinero.
Si bien, señaló que por ahora, la denuncia se encuentra detenida por una apelación de la defensa de estos funcionarios involucrados que cuestionan la competencia del Tribunal en Florida, deberá resolverse próximamente para continuar por el proceso emprendido para recuperar los recursos extraídos al erario.
