Se realiza remediación en el sitio, que representa más de 2 mil 400 toneladas de dióxido de carbono al medio ambiente.
San Luis Potosí.- En un nuevo operativo coordinado entre instancias del Gobierno de la Capital y el Gobierno estatal, se encontró que, aunque se habían impuesto medidas de clausura de un tiradero clandestino en la colonia Terremoto, el sitio seguía trabajando, por lo que se reforzaron las medidas: clausura por parte del Ayuntamiento y por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) del Gobierno del Estado.
En el lugar de los hechos, el director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento, Maximino Jasso Padrón, expuso que nuevamente la denuncia ciudadana puso en alerta a la autoridad municipal, que confirmó el desacato: “El tiradero es clandestino, no tiene permisos, no cumple con la normativa vigente, además están prendiendo fuego a los residuos”, enfatizó.
El funcionario mencionó que la fuerza municipal ya trabaja de nueva cuenta en la remediación del lugar, con máquinas para retirar aproximadamente 800 toneladas de desechos que fueron descargados otra vez de manera irregular, a solo tres semanas de haber sido clausurado y violado los sellos.
“Estamos atendiendo la queja de los vecinos porque este tiradero representa más de 2 mil 400 toneladas de dióxido de carbono al medio ambiente, con esto lo que tratamos de hacer es generar acciones contundentes desde la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos”, expresó el director Maximino Jasso.
En las intervenciones de la clausura, además de Gestión Ecológica, participaron las áreas municipales de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Coordinación de Derechos Humanos, la empresa Red Ambiental y la Segam.
En un recuento de las acciones, Maximino Jasso recordó que anteriormente, hace menos de un mes, ese tiradero había sido clausurado por instrucción del alcalde Enrique Galindo, porque representa uno de los principales eventos de contaminación, con lo que hubo cuatro detenidos en flagrancia por violación a las leyes ambientales que atenta contra la salud pública.
