La noche de este lunes trascendió que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emitió un decreto con el que obliga a todas las dependencias federales a aprobar proyectos del gobierno Federal.
Y es que el mandatario mexicano logró ampararse con diversos artículos de la Constitución Política, como el artículo tercero, el cual informa que dichas autorizaciones provisionales tendrán una vigencia de 12 meses, contados a partir de su emisión.
Lo anterior, en el contexto del artículo segundo, el cual establece que la autorización provisional que otorgan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente.
Es así, que ya han comenzado a surgir las primeras críticas de este decreto, como lo expuesto por Gustavo de Hoyos, exdiregente de Coparmex (Confederación Patronal de la Republica Mexicana): “Orden presidencial mata legalidad.”
A través de su cuenta de Twitter, de Hoyos, externó: “El Acuerdo presidencial para avasallar las leyes aplicables a los proyectos oficiales, aduciendo razones de “interés público y seguridad nacional” es claramente insconstitucional.”
“1. NO tiene un fundamento jurídico válido. Se cita el artículo 89, fc I de la Constitución (que prevé la facultad del Presidente para emitir reglamentos con apego a las leyes), pero pretende colocar la voluntad del Ejecutivo sobre lo que establecen las leyes administrativas”
Otra de las razones es que considera que las seguridad nacional no puede ser utilizada “como pretexto” para desobedecer el principio de legalidad, ni el respeto a los derechos humanos, ya que, explicó, que en el actuar de toda autoridad, se debe respetar lo que estable todo el orden jurídico.
Para reforzar este argumento, explicó que la Ley de Seguridad Nacional en su Artículo 4° especifica que: “La seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales e protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.”
“3. La orden a todas las dependencias de la Administración Pública Federal para autorizar provisionalmente cualquier obra o proyecto es ilegal, pues desconoce la totalidad de los procedimientos que establecen las leyes administrativas que deben cumplirse antes de su ejecución”
Asimismo, agregó que La “afirmativa ficta”, la cual indica que si no se emiten las autorizaciones provisionales en cinco días días se entenderán autorizados todos los proyectos también es ilegal por las mismas razones.
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