Mientras que para otros casos de presunto revanchismo político, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) actúa con prontitud, para otros asuntos se toma su tiempo para aplicar la ley, a pesar de las evidencias que son recopiladas y presentadas por otras instituciones.
El caso se trata de la mujer embarazada que fue agredida físicamente y abusada sexualmente por elementos de la Guardia Civil Estatal durante el mes de enero del año 2022 en el municipio de Matehuala.
A dos años de distancia, la muy paciente Fiscalía todavía sigue esperando que la oficina de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública determine si hubo delito o no cometido por parte de un número indeterminado de elementos de la “nueva” Guardia Civil Estatal.
Fue la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través de sus propias investigaciones, quien documentó con la recomendación 1/2024, que “la víctima indicó que, al circular a bordo de su motocicleta en la Zona Centro del Municipio de Matehuala, fue interceptada por dos patrullas de la Guardia Civil Estatal, cuyos elementos la arrestaron y comenzaron a agredirla físicamente; ella les refirió que estaba embarazada, sin embargo, en el trascurso para ponerla a disposición de la autoridad competente fue golpeada en el abdomen y sufrió abuso sexual por parte de un hombre y una mujer policías estatales”.
A pesar de estas evidencias, el fiscal José Ruíz Contreras, aceptó que no existen elementos detenidos al explicar que la SSPC debe terminar primero con el procedimiento interno, para saber si se presenta alguna denuncia penal.
Cabe destacar que la recomendación de la CEDH, determinó que “se atentó contra el derecho a la vida, ya que se acreditó que la mujer tenía un embarazo intrauterino de 10 semanas, no obstante, fue víctima de violencia sexual perpetrada a través de la tortura, tratos indignos, omisión de proporcionar atención médica en su condición de embarazo, lo que tuvo como consecuencia un aborto”.
