Este miércoles, la titular del organismo, María Manuela García Cázares, después de cinco días sin hacer absolutamente nada ¿, ofreció una rueda de prensa para presumir los “avances” en el caso de presunta violación ocurrido en la Facultad de Derecho de la UASLP. Donde una estudiante de 18 años fue presuntamente agredida sexualmente dentro de las instalaciones universitarias.
El ataque, según la versión oficial, ocurrió el viernes 17 de octubre, dentro de las oficinas de la Federación Universitaria Potosina, donde la joven habría estado conviviendo con dos estudiantes de la Facultad y un tercero externo. Fue otra alumna quien, al descubrir lo que ocurría, avisó a las autoridades universitarias, encontrando a la víctima en un estado de vulnerabilidad.
La denuncia se presentó al día siguiente ante la Fiscalía, que “actuó de inmediato”… o al menos eso dice su boletín.
Después de 5 días, tras manifestaciones por alumnos, paro estudiantil y caos en toda la ciudad, uno de los tres presuntos agresores, identificado como Santiago “N”, fue finalmente detenido la madrugada de este miércoles y presentado ante el juez de control.
La fiscal García Cázares aseguró que “las investigaciones continúan” y que no descansarán hasta localizar a los otros dos implicados. Una promesa que suena conocida: la misma que se repite cada vez que un caso grave sacude a la opinión pública y que, con el paso del tiempo, termina desvaneciéndose entre comunicados y excusas.
A los tres señalados se les imputará el delito de Violación Específica Agravada, con penas de 8 a 20 años de prisión, aunque por ahora solo uno está tras las rejas. Los otros dos, al parecer, todavía disfrutan de la libertad que el sistema judicial potosino concede con puntualidad.
Por si fuera poco, la fiscal informó que uno de los agresores sería menor de edad, aunque no aclaró cómo es que un menor pudo ingresar y permanecer en las oficinas de una federación universitaria sin supervisión alguna.
