El caso de Luis Jaime Castillo Olazarán no es solo una tragedia familiar: es un escándalo de seguridad pública que vuelve a exhibir el actuar de la Guardia Civil Estatal (GCE) y lo preocupante falta de rendición de cuentas en San Luis Potosí.
El joven vendedor de autos, originario de San Fernando, Tamaulipas, fue reportado como desaparecido tras una persecución policial, y días después apareció muerto, golpeado y con impactos de bala en un terreno baldío sobre la carretera 80, en la delegación La Pila. Entre ambos hechos hay un vacío alarmante: nadie explica que ocurrió mientras estaba bajo el radar de las corporaciones de seguridad.
La confirmación del fallecimiento fue hecha este miércoles a su madre, Armida Yolisma Olazarán García, por personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Para entonces, el daño ya estaba hecho: días de silencio, versiones confusas y ninguna explicación oficial por parte de la Guardia Civil Estatal, pese a haber participado directamente en la persecución.
La madre fue contundente: “Estaba golpeado y tenía impactos de bala”, una frase que pulveriza cualquier intento de justificar los hechos como un accidente o una consecuencia fortuita de una huida. Las lesiones apuntan a un uso excesivo de la fuerza y abren la puerta a una posible ejecución.
Luis Jaime fue visto por última vez el domingo 11 de enero, cuando conducía en sentido contrario sobre la carretera 57, perseguido por la Guardia Civil Estatal. Desde ese momento, desapareció bajo custodia de facto del apartado de seguridad, sin que ninguna autoridad informara cuando, como o porque se perdió su rastro.
Durante la búsqueda, la familia denunció indiferencia institucional, omisiones graves y una falta total de sensibilidad, mientras la madre realizaba llamados públicos desesperados, incluso al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, sin obtener respuestas claras.
Ante el desenlace, Armida Olazarán solicitó la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, exigiendo una investigación real y no una simulación que termine en carpetas archivadas. La exigencia es clara: que se investigue a la Guardia Civil Estatal y se castigue a los responsables, sin encubrimientos.
Mientras el cuerpo permanece en el Servicio Médico Legista (SEMELE), una pregunta sigue sin respuesta y retumba con fuerza: ¿Cuántos más deben morir para que la GCE rinde cuentas?
