En México el sistema de pensiones de los trabajadores formales del sector privado fue dispuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1995 y puesto en marcha hasta 1997, consolidado a través de la generación del ahorro individual que sustentaría las pensiones de los ciudadanos que contaran con al menos 1250 semanas cotizadas ante el IMSS y más de 60 años de edad.
Sin embargo, actualmente el sistema de pensiones se enfrenta a grandes desafíos como lo es el acelerado envejecimiento demográfico y el número de trabajadores informales que no cotiza al ahorro para el retiro, quienes son alrededor del 60% del total, dado también el crecimiento exponencial de los nuevos mecanismos de empleo de subcontratación como el outsourcing, en el cual las empresas e instituciones se deslindan de ciertas responsabilidades al evadir gastos como lo es el Derecho al Seguro Social de los trabajadores.
El pasado 22 de julio del presente año, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador presentó ante los representantes del Poder Legislativo una propuesta para fortalecer al Sistema de Pensiones, también conocido como el Sistema de Ahorro para el Retiro, que garantiza un mejor bienestar en la sociedad, en el cual se cuenta además con la participación y acuerdo de diferentes instituciones como la Secretaría de Hacienda, AFORES y Empresarios, y que tiene como uno de los principales propósitos un aumento en el número de ahorro para las pensiones. No obstante, una vez aprobada esta reforma ¿qué implicaciones e impactos tendría en los ciudadanos, en el sistema financiero y en el mercado laboral?
Esta reforma está planteada oficialmente en 3 objetivos: El incremento en el nivel de ahorro de los trabajadores, aumento en el número de trabajadores con pensión y, por último, una reducción en las comisiones de las afores.
En el primer objetivo, se propone incrementar el porcentaje del salario que se destina al ahorro para el retiro de 6.5% a 15%, hoy por hoy el 6.5% está compuesto por 1.125% por el trabajador, 5.151% la empresa y 0.225% el gobierno, sin embargo, debido a la gran desigualdad en el nivel de ingresos de la población, en la nueva propuesta el único cambio en el porcentaje de aportación es el de las empresas a 13.87%, de acuerdo con el nivel de salario, ya que entre más alto sea, mayor será el ahorro.
El gobierno, por su parte, incrementaría su aportación a 8.724% para trabajadores que perciban un salario mínimo, hasta 1.798% para trabajadores que ganen más de $10,425.00 M.N., es decir, el gobierno aportaría más a los trabajadores con un bajo salario. Este cambio porcentual en el ahorro para el retiro del 6.5% al 15% no será inmediato, sino que se llevará a cabo un proceso de transición de 8 años para que tanto las empresas como el gobierno puedan sustentar este incremento. En este primer punto no podemos negar que para los trabajadores es algo positivo dado que hoy las personas que pudieran recibir una pensión recibirían solo entre el 20% y 30% de su último sueldo, así que este cambio como efecto generaría más ingresos al momento de retirarse.
Para el gobierno también es algo positivo a pesar de que destinará más dinero una vez que se empiece a captar el 15% en los salarios por medio de las afores, debido a que el Ahorro Nacional Bruto -que es la cantidad de recursos disponibles de un país para invertir en el mismo o en el resto del mundo- aumentaría, y que podría usarse incluso para llevar a cabo proyectos de infraestructura que impacten positivamente al desarrollo y crecimiento de la economía al igual que un incremento en los rendimientos para los ahorradores. En cambio, al aumentar el costo de los trabajadores para las empresas podría afectar su desempeño y finanzas que irán desde cierres de producción, despidos o prácticas ilegales para no reportar el salario real; si tomamos este efecto como un posible panorama podemos notar que los beneficios pudieran no reflejarse en la sociedad como se prevé hasta ahora.
En el segundo objetivo de la reforma que está relacionado con la adhesión para una pensión, se propone que se disminuya el numero de semanas cotizadas ante el IMSS de 1250 (25 años) a 750 (15 años) conservando únicamente el requisito de edad de más 60 años, a consecuencia del alto nivel en la economía irregular en el país, dado el desplazamiento de personas, quienes tienen y abandonan un trabajo formal para emplearse en uno informal, esto es una medida estratégica para afrontar este tipo de fluctuaciones y más personas puedan ser acreedores al menos con una pensión mínima, aunque la reducción a 750 semanas no será un periodo fijo, ya que el propósito es subir a 1000 semanas en un año como resultado de un posible aumento y creación en los empleos formales.
Con respecto al tercer objetivo que abarca las comisiones que establecen las AFORES por manejar y administrar el ahorro individual para el retiro, esta propuesta contempla que las comisiones bajen un promedio de 0.9% a 0.7%, y dichas comisiones se decretarán en dos factores que son el saldo manejado y el rendimiento obtenido por el trabajador, pero no podrá por ninguna razón exceder el 0.7% y cuya disminución tendrá un impacto positivo acumulado en la cuenta de ahorro para el retiro.
En específico, esta reforma podría causar un mayor rezago para las empresas al adoptar responsabilidades y obligaciones más elevadas financieramente que podrían generar una disminución en la demanda del mercado laboral e incluso en la productividad, aunque cabe mencionar que dicha modificación en la ley aún no se aprueba y esta sujeta a cualquier tipo de cambio, a raíz de que es importante el poder estimar y analizar a grandes rasgos los efectos que tendría en diversos períodos de tiempo para no poner en peligro la subsistencia de las personas y puedan ser acreedoras a un retiro digno sin ningún riesgo.
Además, de prevalecer un sistema de pensiones que brinde una cobertura y financiamiento adecuado, puesto que en la actualidad este sistema pasa por grandes estragos al tener un déficit financiero, es decir, es mayor el número de personas que demandan una pensión en comparación con aquellos que generan un ahorro para su retiro.
En cambio, también es necesario diseñar un mayor número de instrumentos y estrategias de concienciación para fomentar e incentivar a las personas desde temprana edad a una educación financiera para llevar a cabo aportaciones voluntarias que generé una mayor rentabilidad a largo plazo.
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