El presidente chino, Xi Jinping, redobló la apuesta de su régimen a imponer un mayor control desde el estado sobre las empresas del sector tecnológico. Señaló que su objetivo es “prevenir la expansión irracional de capitales” y “abordar el crecimiento salvaje” de las compañías y adelantó que el Partido Comunista Chino (PCCh) redoblará su escrutinio sobre estas empresas.
“La puesta en marcha de todas estas regulaciones antimonopolio es absolutamente necesaria para mejorar la economía de mercado socialista y promover la prosperidad común”, dijo Xi el lunes en una reunión de un comité directivo del PCCh, recoge hoy la red digital de noticias del Partido.
En el encuentro, Xi enfatizó que el Partido debe “guiar y supervisar a las empresas” y poner en marcha “regulaciones efectivas y normas precisas” con el objetivo de “servir a los intereses generales del desarrollo económico”.
En los últimos meses, los organismos reguladores chinos han puesto su mirada en las grandes tecnológicas del país, con sanciones para empresas como el gigante del comercio electrónico Alibaba por valor de 18.200 millones de yuanes (2.818 millones de dólares), la mayor multa antimonopolio en la historia del país.
La campaña ha afectado a compañías de transporte, al sector educativo, al de los videojuegos y, sobre todo, al tecnofinanciero (‘fintech’).
Las autoridades investigaron a compañías como Meituan y Didi (equivalente a Uber) por supuestos riesgos para la seguridad de los datos de los usuarios, y bloquearon los planes de la tecnológica Tencent de fusionar las plataformas de retransmisión de videojuegos Huya y Douyu para “evitar una situación de monopolio”.
Según Xi, estas medidas están encaminadas a “proteger mejor los derechos e intereses de los consumidores”, y a impulsar un sistema “con una competencia ordenada” para, en última instancia, “lograr un desarrollo de alta calidad que sirva a los intereses generales”.
Asimismo, los órganos legislativos chinos aprobaron este mes una estricta ley de privacidad -entrará en vigor el 1 de noviembre- que podrá exigir la suspensión o cancelación de aplicaciones que procesen “ilegalmente” datos personales “sensibles”, algo que podría afectar enormemente a las digitales.
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