El caso de Niño Pérez no es un hecho aislado, sino un eslabón más en una cadena de agresiones que asfixian la verdad en San Luis Potosí y en todo México. El CPJ, reconocido por su labor en defensa de la prensa, ya intervino en 2017 tras el brutal asesinato de Edgar Daniel Esqueda Castro, otro periodista potosino secuestrado y hallado sin vida.
Aquel episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad de quienes informan en contextos de violencia. Hoy, la historia se repite con matices distintos, pero con el mismo trasfondo: un sistema que castiga a quienes buscan esclarecer los hechos. La intervención del CPJ no solo es urgente, sino un recordatorio de que la justicia local falla estrepitosamente.
La solicitud de investigación trasciende el caso individual y pone el reflector sobre un mal endémico: la impunidad que envuelve a los crímenes contra periodistas en México. Según el CPJ, el país se mantiene como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, rivalizando con zonas de conflicto armado. Cada ataque sin resolver fortalece un mensaje perverso: quienes callan las voces críticas gozan de protección.
En San Luis Potosí, esta realidad se agrava por la colusión entre autoridades y grupos criminales, un binomio que convierte a los reporteros en blanco fácil. El caso de Niño Pérez expone, una vez más, la fragilidad de un oficio que debería ser pilar de la democracia.
Por odio personal o por el abuso del poder político, el periodista Omar Alejandro Niño Pérez, ha denunciado la persecución y el acoso por parte del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y su administración, desde hace al menos 8 años.
Según su relato, los ataques comenzaron en 2017, cuando fue incorporado al Mecanismo de Protección a Periodistas del Gobierno Federal debido a amenazas recibidas por el padre de Gallardo Cardona, Ricardo Gallardo Juárez quien es diputado federal plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México en el periodo legislativo 2024-2027.
La situación se agravó tras la publicación de una nota en la que Omar Niño informó sobre la contratación de exdirectores del penal de Guanajuato como empleados del entonces político Ricardo Gallardo, después de que este saliera de prisión.
Desde entonces, Omar Niño ha sido objeto de múltiples agresiones, incluyendo dos robos domiciliarios y un accidente automovilístico que él considera sospechoso.
Además, ha enfrentado ataques físicos y verbales, como el ocurrido en marzo de 2023 por parte de Juan Carlos Gutiérrez Enríquez, director de comunicación del gobierno estatal, quien lo agredió físicamente. Este funcionario fue vinculado a proceso por delitos relacionados con lesiones y amenazas contra el periodista.
Omar Niño también ha sido denunciado por acoso sexual en lo que él y su representante legal califican como una «denuncia armada» para inhibir su libertad de expresión.
Estas acciones han sido interpretadas como represalias por su labor crítica hacia el gobierno estatal. Ante estos hechos, el periodista ha señalado públicamente que teme por su seguridad y la de su familia, responsabilizando directamente al gobernador Ricardo Gallardo en caso de que algo le suceda
