Organizaciones civiles, entre ellas Perteneces A. C., así como familiares de Sanjuana Maldonado Amaya, una mujer que desde hace 15 años se encuentra en prisión, con una condena de 30 años, por un delito que no cometió, solicitaron al Congreso del Estado otorgarle el indulto para su inmediata libertad.
Las y los integrantes de colectivas y organizaciones acudieron a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, donde además de la solicitud de indulto, entregaron un informe antropológico que evidencia todas las violaciones a los derechos humanos de Sanjuana.
En el informe se resalta cómo cada etapa del proceso ha estado marcada por la violencia de género y la discriminación, situaciones que la han sometido a una constante violación de sus derechos humanos.
Cabe destacar que el indulto es la facultad del Congreso del Estado para otorgar el beneficio a una persona para extinguir la pena impuesta por sentencia irrevocable y que pueda recuperar su plena libertad. Además de ello, se inició una campaña para recabar firmas por medio de Change.org.
Fue en el 2009 cuando Sanjuana, en ese entonces estudiante de 21 años, dejó su comunidad para ingresar al Tecnológico de Matehuala, en busca de mejores oportunidades. Ahí conoció a José de 35 años, iniciando una relación marcada por violencia psicológica, emocional y física. Al terminar la relación, Sanjuana fue amenazada y hostigada por José para que no lo dejara, accionando distintos mecanismos de manipulación y violencia psicológica que ejercía sobre ella.
Luego de ello, José obligó a Sanjuana a acompañarlo a realizar un cobro, trasladándola contra su voluntad. Una vez en el lugar para realizar este cobro, fue detenida en Matehuala por la policía junto con José y otros involucrados, acusándola de un intento de delito contra la libertad personal.
Sanjuana fue manipulada y sus derechos fueron violados por el sistema de justicia penal, ya que jamás se trató el juicio con perspectiva de género y no respetaron su presunción de inocencia.
Según el dictamen antropológico, Sanjuana no cometió ningún delito y las pruebas no fueron suficientes para acreditar su responsabilidad. Sin embargo, fue sancionada con base en omisiones, errores procesales, estereotipos y prejuicios de género.
Su vida en prisión es resultado de la violencia y discriminación histórica de juicios sin perspectiva de género.
Una vez que se dictó sentencia, Perteneces A. C., encabezada por la licenciada Alejandra Ibarra asumió la defensa de Sanjuana, debido a las múltiples violaciones a sus derechos humanos, e irregularidades cometidas durante su proceso.
Antes, contó con diferentes defensores que incumplieron con su obligación de otorgarle un acompañamiento técnico adecuado. Actualmente Sanjuana se encuentra inmersa en la batalla para acceder a la justicia y a la libertad.
Sanjuana proviene de Charco Cercado, Guadalcázar, una comunidad criminalizada históricamente, pero, además, con un limitado acceso a los derechos.
«El continuum de violencia que ha atravesado a lo largo de su vida la expusieron a estar en el lugar donde fue detenida, la colocó en condiciones de vulnerabilidad ante el poder punitivo en un contexto de guerra contra el crimen organizado».
La petición de indulto para Sanjuana Maldonado es respaldada por: Apoyare, Asílegal, Cuidadoras Potosinas, Educación y Ciudadanía A.C., Frente Marea Verde, Fundación para la Justicia, Impunidad Cero, La Cana, Las Bengalas, Lúminas Centro de Derechos Humanos A.C., Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad, Narrativas Dignas, Organización para Chicas, Otra Oportunidad, Perteneces, Red de Mujeres Periodistas, Reinserta, Rise Up México y Sororal Red de Abogadas.
Deja una respuesta