El órgano fiscalizador reemplazo a la Auditoria Superior del Estado
En Sesión Extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó, por mayoría, la Convocatoria Pública para el nombramiento de la persona que ocupará el cargo de Auditora o Auditor Superior, del Instituto de
Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, para un periodo de nueve años, del 2023 al 2032, contados a partir de la fecha del nombramiento y toma de protesta.
El periodo para la recepción de solicitudes será del lunes 18 al viernes 22 de septiembre del año 2023, en horario de 9:00 a 15:00 horas, en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, Vallejo 200 zona centro.
Ninguna solicitud presentada fuera del periodo y horario señalados será admitida.
Se indica que de acuerdo lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, la persona que aspire a la titularidad del Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, deberá reunir los siguientes requisitos: ser de nacionalidad mexicana por nacimiento, y ciudadano potosino en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que haya ameritado pena privativa de libertad de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena.
Haber residido en el estado durante los tres años anteriores al día de su nombramiento; no haber sido Gobernador, Fiscal General, Magistrado, Senador, Diputado Federal o Local, Secretario de Finanzas o Contralor
General, Presidente Municipal, Regidor, Tesorero o Síndico Municipal, Oficial Mayor, en el año inmediato anterior a la propia designación; contar al momento de su nombramiento, con experiencia plenamente
comprobada de al menos cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades; contar al día del nombramiento con título y cédula profesional de licenciatura en contaduría pública, en derecho, abogada o abogado, en administración, administración pública o en economía, o cualquiera otra profesión relacionada con las actividades de fiscalización, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello, con una antigüedad mínima de diez años.
No haber sido inhabilitada o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado; no tener sentencia firme por la
comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y 9. No haber sido declarada como persona deudora alimentaria morosa.

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