El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes la intención de que, a través de un acuerdo presidencial, la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esta decisión iría tanto en contra de la Constitución como de la propia Ley de la Guardia Nacional que establecen que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil.
Desde la creación de la Guardia Nacional, el entrenamiento y el reclutamiento de personal estuvieron a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional y la Marina (artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional de 2019).
Sin embargo, hasta el momento su operación permanece bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y los recursos públicos para su operación también salen de dicha dependencia.
De no crearse una reforma a la Constitución para aprobar dicha acción, el Ejecutivo estaría dejando a un lado al Congreso de la Unión, transgrediendo sus facultades.
