San Luis Potosí.- La ciudad de San Luis Potosí vive desde ahora tiempos de esperanza porque cuenta ya con instrumentos seguros, como los programas actualizados de Desarrollo Territorial y Urbano y de Centros de Población, con los que se sientan bases sólidas para su crecimiento con orden y visión de futuro a largo plazo que dan certeza y seguridad jurídica.
Estos conceptos los vertieron el Presidente de La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Julián Ramírez Abella, y el Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado (SEDUVOP), Leopoldo Stevens Amaro.
Ambos celebraron los métodos democráticos a los que acudieron las autoridades municipales para emprender reuniones, consultas y planteamientos con apoyo del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), con recepción de miles de sugerencias y planteamientos
Estas sólidas bases con que se cuenta ahora permiten crear mecanismos de resiliencia urbana y políticas para la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público.
El empresario Julián Ramírez Avella expresó que nunca más se podrá permitir la interferencia de obstáculos que impidan la correcta marcha urbanística, y para ello la ciudad tiene todo el apoyo de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) y de la alianza empresarial, dispuestos a trabajar ya, de inmediato, para mitigar rezagos en que 18 años de indolencia de autoridades municipales sumieron a la capital.
Mientras que el secretario Leopoldo Stevens, comentó que sobre todo en décadas recientes, no se había logrado lo que ahora con la aprobación de tan importantes instrumentos que garantizan la libre movilidad y arropan intereses sociales, ecológicos, culturales, económicos y de inversión que, con base en estos sólidos instrumentos, permitirán coexistir en armonía evitando riesgos humanos y naturales.
Se aclaró que esos nuevos programas no permiten que sea el Ayuntamiento el que defina el uso de suelo, sino que deberán seguirse lineamientos contenidos en los mismos, que podrán ser modificados o actualizados cada tres años, como lo marca la ley.
