Retrasar el proceso electoral podría generar confusión y las elecciones perderían legitimidad: Ramírez Konishi

Señala falta de claridad en los beneficios de retrasar el proceso hasta enero de 2024

Retrasar los tiempos de la elección en San Luis Potosí alcanzaría a poner en riesgo el proceso electoral del 2024, y generar confusión entre la ciudadana e inclusive poner en riesgo la legitimidad de las elecciones, consideró del diputado sin partido, Mauricio Ramírez Konishi.

“Ante la falta de claridad de cuáles serían los beneficios administrativos o económicos de poder retrasar hasta el mes de enero el proceso electoral”, detalló.

Asimismo, en sintonía con las declaraciones del consejero del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana (Ceepac), Marco Iván Vargas Cuellar, quien dijo que aplazar el inicio del proceso electoral no solo no contribuye a la reducción del gasto público o a una mejor fiscalización de los recursos, sino que en realidad coloca presiones administrativas y procedimentales significativas a una autoridad electoral que contará con menos tiempo para organizar las elecciones.

Ramírez Konishi expresó su desacuerdo con la iniciativa que busca atrasar los tiempos de las elecciones, la cual plantea reformas a varios artículos de la Ley Electoral del Estado y fue aprobada en comisión el pasado miércoles 5 de julio, con una abstención del diputado priista Edmundo Torrescano.

«En un momento tan crucial como el próximo proceso electoral, no deberíamos presionar, ni poner en duda su importancia; la complejidad y el trabajo que representa la operatividad del proceso, desde su inicio al final, no es tarea fácil para la autoridad electoral«, afirmó.

Agregó que también se debe considerar los plazos ajustados para las candidaturas independientes, lo cual es un motivo adicional para oponerse a esta propuesta de iniciar el proceso electoral el próximo 2 de enero.

La iniciativa fue presentada por la diputada de Morena, Lidia Nallely Vargas, quien no agregó el ahorro que se estima, aunque ese fue el argumento principal de su propuesta, al respecto, el consejero Vargas Cuellar aseguró desde un punto de vista estrictamente personal, que no solo no contribuye a la reducción del gasto público o a una mejor fiscalización de los recursos, sino que en realidad coloca presiones administrativas a una autoridad electoral que contará con menos tiempo y menos recursos para poder realizar su función.

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