La falta de una Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada en San Luis Potosí, obligatoria desde 2017, detonó una protesta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, que acusó al Congreso del Estado y a la Fiscalía General de incumplir la ley y prolongar la omisión bajo pretextos administrativos y políticos.
Edith Pérez Rodríguez, representante del colectivo, rechazó que la ausencia de recursos justifique la inacción y criticó que el Poder Legislativo pretenda aplazar hasta 2026 la atención del amparo promovido por las familias. Señaló además la opacidad en el manejo de más de 26 millones de pesos federales destinados a la búsqueda, mientras las madres continúan trabajando en campo sin seguridad ni respaldo institucional.
El colectivo también condenó la remoción de Luz María Montes Mariano de la Unidad Especializada de Búsqueda, a quien calificaron como la única funcionaria con compromiso real hacia las víctimas. Su traslado a otra área fue considerado un retroceso grave en derechos humanos y atención a desapariciones.
Asimismo, denunciaron un rezago de más de 200 carpetas de investigación sin resultados claros y reprocharon que el gobernador evitara atenderlas en un evento público. Las madres buscadoras advirtieron que no aceptarán más diálogos ni intermediarios y exigieron una respuesta directa del titular del Ejecutivo sobre la voluntad real del Estado para buscar a las personas desaparecidas.
