Este martes 14 de diciembre trascendió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) respecto a la aplicación del llamado “decretazo” a las obras públicas de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
“Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, determinó la Suprema Corte durante la sesión de este martes.
En consecuencia, el gobierno federal no podrá clasificar la información relacionada a los proyectos u obras de infraestructura pública como “reservada”, tal y como lo había decretado el jefe del ejecutivo federal en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de noviembre.
Esto porque el pasado 8 de diciembre, el Inai anunció que promoverá una controversia constitucional ante la SCJN para contravenir lo declarado en el “decretazo”. Con lo cual, el organismo autónomo manifestó su aversión a que el gobierno tipifique las obras y proyectos de infraestructura nacional como de interés público y seguridad nacional.
Conforme a derecho, y en un marco técnico muy específico, el Inai es el único organismo facultado para acudir a la Suprema Corte y acusar una controversia constitucional, esto porque las funciones particulares de este instituto descentralizado argumentaron favorablemente el “principio de agravio”.
El Inai es el encargado de vigilar que se haga cumplir la transparencia en México, esto en virtud de evitar casos de opacidad que pudieran derivar en actos de corrupción, ya que “es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales”.
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