Urge poner en marcha el Sistema Estatal Anticorrupción en San Luis Potosí: Leticia Serment

San Luis Potosí.- Con motivo del Día Internacional Contra la Corrupción, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Clara Leticia Serment Cabrera hizo un llamado urgente para que se ponga en marcha el Sistema Estatal Anticorrupción, porque urge que sea un ente que realmente coadyuve a la investigación y análisis de los posibles actos de corrupción que se han visto involucrados algunos exfuncionarios públicos de San Luis Potosí.


Señaló que si bien es cierto que se tiene un avance en la disminución de la percepción ciudadana sobre corrupción en San Luis Potosí, todavía falta mucho por hacer, para lograr consolidar dicho aparato ciudadano, mismo que está entrampado y se judicializó la selección de quienes lo integrarán.


Agregó que el costo por corrupción en 2019 fue de 12 mil 769 millones de pesos en México, y esta práctica ilícita dentro de las instituciones de gobierno deben acabarse en el país, porque hasta ahorita se ha prometido y fue bandera política del Ejecutivo Federal, sin verse resultados, porque siguen surgiendo casos de corrupción y que han sido dados a conocer públicamente.


Por otra parte, la presidenta de Canacintra respalda a las cámaras empresariales a nivel nacional, quienes rechazaron que la iniciativa del Ejecutivo Federal que pretende coartar la libertad de la subcontratación atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a más de 4 millones de mexicanos.


Su aprobación, dañaría seriamente la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, además coincidió en que es irreverente que se estigmatice a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.


Serment Cabrea insistió en que los empresarios están abiertos al diálogo, y dicha iniciativa debe darse bajo las premisas de que la subcontratación, al ser una actividad ilícita y conveniente, debe respetar las libertades de trabajadores y empresas para celebrar los contratos sin restricciones y como mejor convenga a sus intereses.

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