San Luis Potosí.- Con el objetivo de reforzar la vigilancia en Soledad, la alcalde Leonor Noyola Cervantes, entregó 40 nuevas patrullas, con un gasto de 26 millones de pesos de aportaciones federales.
En el acto protocolario, la acompañó el gobernador, quien resaltó, “es parte del empeño del ejecutivo para fortalecer la seguridad en los 58 municipios del estado”.
Noyola indicó que los vehículos adquiridos, son unidades modelo 2023, tipo pick up, Crew 2.4, las cuales están equipadas con torreta, tablero de control, sirena, bocina y banca trasera.
Apegada al estilo de ocultar datos, conducta que ha permeado en Soledad desde hace 5 administraciones, la edil no reveló los detalles sobre la compra de unidades ni a qué empresa se adquirieron y tipo de concurso, entre otros aspectos que por ley debe aclarar.
Ante la negativa de informar sobre el tema, se hizo la solicitud de datos 240475022000082 dirigida al ayuntamiento. Se pidieron pormenores de la compra, montos totales del nuevo parque vehicular, costo individual de cada patrulla, forma de concurso, empresa o persona física a la que adquirieron las 40 unidades y copia del convenio.
La respuesta fue tajante, los datos se ubicaron como reservados y confidenciales. “Los informes a los que desea acceder el solicitante, relativa al parque vehicular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, adquirido durante el 2022, es de carácter reservada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece como figuras de dispensa al derecho de acceso a la información pública, las de carácter reservada y confidencial”.
El ayuntamiento se excusó con el pretexto de no comprometer la seguridad pública, “ya que está vinculada con las funciones a cargo del ente público, tendientes a preservar y resguardar la vida, salud, integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, como el mantenimiento del orden público, cuya difusión podría comprometer la seguridad colectiva”.
Noyola Cervantes, como sus antecesores, insiste en violentar el mínimo derecho de acceso a los datos públicos. En 8 meses de gestiones, no ha trasparentado el mínimo gasto que ha manejado. Se atiene a que nadie la castigará por su conducta evasiva.
