Autogobierno, tortura, hacinamiento y poco acceso a actividades de recreación, deportivas o culturales, son algunas de las condiciones que privan en los cinco centros de readaptación social en San Luis Potosí, razón por la cual durante la Comisión de Derecho Humanos se decidió llamar a comparecer al general Guzmar Ángel González Castillo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante el Congreso del Estado.
Durante dicha sesión se abordó la solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que el Poder Legislativo designe en un plazo no mayor a 30 días, a la persona que será el enlace con la Dirección Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ya que en el su último Informe de Supervisión encontraron hallazgos importantes de violaciones a tratados nacionales e internacionales en materia de tortura.
Fue entonces que la diputada de Movimiento Ciudadano, Emma Idalia Saldaña Guerrero aseveró que el Congreso del Estado no puede ser omiso ante la anarquía que viven algunos penales como el de La Pila, donde el autogobierno y venta de droga al menudeo no es ajeno y ha derivado en el reciente motín con saldo de dos guardias estatales y un interno muertos, así como la reciente riña en uno de los dormitorios, que derivo con una persona privada de su libertad asesinada con un arma blanca hechiza.
Por ello propuso que se cité al titular de la SSPC para que algunas decisiones como el traslado de mujeres del penal de La Pila al de Tancanhuitz, lo cual las llevo a alejarse de sus familiares debido a la distancia, así como las condiciones de tres penales que el Mecanismo Nacional de la CNDH visitó en el 2022 y concluyó que no reúnen estándares de calidad y que se sigue torturando a personas.
