En 1983, cuando Yukari Niño de Rivera tenía pocos meses de haber nacido, su familia se mudó al departamento que compraron en el edificio de Insurgentes Norte 476 en Ciudad de México. Dos años después, el terremoto de 1985 dejó inhabitable el inmueble. Los trabajos de rehabilitación tardaron varios años. Poco a poco la gente fue regresando a sus departamentos. Yukari, junto a sus padres y hermano mayor, lograron volver a casa en el año 2000.
Pero el sismo del 19 de septiembre de 2017 una vez más fracturó el edificio y colapsó sus vidas. A dos años del temblor de 7.1 grados Richter que sacudió a la capital del país, esta familia como muchas otras, no ha logrado ponerse en pie. La acción tardía de las autoridades, la corrupción de las constructoras y la indiferencia de la sociedad han sido las constantes en este calvario.
Los Niño de Rivera habitaban un edificio de siete pisos en el que vivían otras veintisiete familias. Los problemas iniciaron desde el día del sismo. La descoordinación de las autoridades impidió que los vecinos recibieran información precisa.
Los primeros elementos de Protección Civil que acudieron al lugar dijeron que el daño era “menor”, lo clasificaron en “color amarillo” y les aseguraron que no debían preocuparse. Poco después arribaron otros con la lamentable realidad: tras evaluar el sitio determinaron que la afectación era de “alto riesgo”, la catalogaron en “color rojo” y les confirmaron que la parte sur podría colapsar en cualquier momento. Tenían que desalojar de inmediato.
“Al principio para nosotros todo fue incertidumbre, angustia, no sabíamos a donde ir, no teníamos dinero. Se empezaron a disparar las rentas, no sabía yo que iba a hacer con mi familia”, recuerda Yukari.
Su papá tiene 75 años, su mamá 72, después del sismo ambos enfermaron y no pudieron seguir trabajando. Su hermano actualmente está desempleado. Ella no sólo ha debido cargar el mayor peso financiero de su hogar, sino que tuvo que lidiar con el viacrucis burocrático que los damnificados enfrentaron para obtener respuestas y apoyos del gobierno.
“Se vino un efecto dominó porque empezó a afectarnos físicamente. Además del daño emocional, pues esto te genera mucha angustia, y nunca tuvimos un apoyo psicológico”.
Hasta hace seis meses Yukari aún tenía pesadillas en las que se veía a ella y su familia atrapados en su departamento a punto de colapsar y sin poder hacer nada, “cualquier indicio de que pudiera temblar nos generaba mucha ansiedad, pasó mucho tiempo para que pudiera al menos dormir un poco más tranquila”.
Poco más de un mes después del sismo comenzaron a recibir un apoyo de 3 mil pesos mensuales por parte del Gobierno de CDMX para renta. Se mudaron a un departamento a quince minutos de su edificio. Pero la respuesta sobre los procesos de rehabilitación tardó más de un año.
“Durante meses la comunicación con las autoridades fue muy difícil, nunca tuvimos un enlace real. Había mucha confusión. Lo que nos pasó a nosotros, que nos dieron dictámenes contradictorios, ocurrió en muchos otros predios”.
Fue así que Yukari dio con el colectivo “Damnificados Unidos del Multifamiliar Tlalpan”, vecinos de una unidad habitacional localizada al sur de la capital donde diez edificios sufrieron daño estructural quedando inhabitables. Muchos vecinos perdieron la vida, el resto se quedó en la calle.
“Pasaron meses y el gobierno no daba respuesta sobre los procesos de rehabilitación. Teníamos dictámenes contradictorios, unos en rojo, otros en amarillo. Poco a poco me acerqué a otros predios y vi que tenían los mismos problemas que nosotros. Estaban en el abandono”.
Más de un año después del terremoto, en octubre de 2018, iniciaron los trabajos de rehabilitación. El gobierno de la ciudad destinó cerca de 10 mil millones de pesos para la reconstrucción de inmuebles. En el edificio donde vivían Yukari y su familia el recurso aportado fue por 23 millones.
Parecía que pronto muchos damnificados podrían volver a casa pero este proceso burocrático con autoridades y constructoras se transformó en otro martirio. Al inicio se creó un fondo de reconstrucción. Cada predio nombró a un responsable de administrar el recurso y dar seguimiento a la rehabilitación con las empresas responsables.
Pero las obras comenzaron a retrasarse; les han cambiado varias veces la fecha de entrega y todo se volvió un caos cuando se dieron cuenta de que las constructoras comenzaron a abusar de los afectados, “se nombró al administrador, se abrieron cuentas, el recurso se depositó y con eso se pagaba la obra”.
Las constructoras presentaban mensualmente un reporte con los avances y al mismo tiempo solicitaban el pago de nuevos conceptos. Los damnificados no dejaban de desembolsar dinero pero los trabajos no avanzaban, “en el nuestro y en varios edificios ocurrió lo mismo”.
No pasó mucho tiempo antes de que los distintos colectivos de afectados se dieran cuenta de que las cuentas no cuadraban. Muchas empresas comenzaron a cobrar de más y facturaban dobles conceptos.
La nueva administración de la capital a cargo de Claudia Sheimbaun cambió el esquema de los intermediarios, ahora el gobierno de la CDMX entrega directamente el recurso a las constructoras. La Jefa de Gobierno y el Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad, César Cravioto, se comprometieron a realizar auditorías con el fin de garantizar la seguridad de los afectados y su patrimonio. Pero aún con este cambio la situación está lejos de ser mejor.
El primer reporte entregado por las autoridades a los afectados demostró que no se podía comprobar el destino de 128 millones de pesos destinados a los trabajos de 23 edificios. En el inmueble donde Yukari y su familia tenían su departamento había 5 millones perdidos.
La auditoría también expuso vacíos en el proyecto de construcción como la falta de estudios complementarios, “eso nos alarmó”, dice Yukari, “han sido ya muchas irregularidades y no tenemos resultados”.
Arquitectura Inmobiliaria Darmi es la empresa responsable de las labores de reconstrucción en varios edificios, incluido el de Insurgentes Norte 476. Se había comprometido a entregar las obras el pasado 16 de julio. Después dieron como nuevo plazo el 30 de este mes. La realidad es que gobierno y empresas les han fallado a los ciudadanos afectados.
Uno de los principales problemas con esta y otras empresas es que no sólo han incumplido los tiempos de entrega y gastado mal el dinero; sino que quieren entregar los departamentos sin hacerse responsables de los daños ocasionados en la rehabilitación.
Como parte de los trabajos se quitaron azulejos en baños y pisos en cocinas, se demolieron paredes para instalar estructuras de acero y reforzar trabes. Accidentalmente han roto estufas y WC´s. “La empresa dijo que ya llegó a sus alcances y nos quieren entregar todo en obra negra”.
“Damnificados Unidos…” y otros colectivos han presentado varias denuncias. También intentaron acercarse a la empresa. El 24 de agosto pasado Yukari con otros de sus compañeros fueron al edificio para intentar hablar con el responsable de obra, Rigoberto Álvarez. Los recibió con gritos y a ella la golpeó en la cara.
Junto al resto de los colectivos presentó la denuncia ante el Ministerio Público. Posteriormente se reunieron con César Cravioto y Claudia Sheimbaum para denunciar la situación y exigir seguridad. La respuesta de la Jefa de Gobierno, según Yukari, fue como la de una maestra de kínder que les dice a niños pequeños que ya no se estén peleando, “le faltó firmeza”, asegura.
Yukari es actriz de doblaje y teatro pero desde el 19/09 comenzó a descuidar su carrera para dedicarse a los trámites en busca de apoyos, encontrar un lugar donde vivir y atender a sus papás. La nueva administración de la CDMX incrementó el apoyo de renta a 4 mil pesos mensuales, pero aún es insuficiente, “antes no pagábamos renta y por eso habíamos adquirido otros compromisos, hoy nos vemos muy rebasados; a veces sólo tenemos dos huevos en casa para comer y somos cuatro los que vivimos aquí”.
La solidaridad que los habitantes de esta capital mostraron los días siguientes al sismo con los años se ha esfumado. Hace meses que los colectivos dejaron de recibir despensas, “y aún es algo que para muchos sería de gran ayuda”. Cuando cierran calles para exigir atención del gobierno la gente se molesta, a veces los insultan, “no queremos perjudicar a los ciudadanos, pero no tenemos otra forma para que el gobierno nos haga caso”.
Hace poco Yukari tuvo que descompletar dinero de la renta para pagar estudios clínicos pues le detectaron unos nódulos en el cuello, “cuando se lo expliqué a mi casero y le pedí un poco de tiempo, su respuesta fue: lo lamento mucho pero todos tenemos problemas”.
El temblor del 19 de septiembre de 2017 derrumbó y fracturó decenas de edificios en la capital del país pero también colapsó la vida de cientos de personas. La catástrofe ocurrida hace dos años nos ha confrontado una vez más con la ineficacia de las autoridades, la corrupción de la iniciativa pública y privada, y la indiferencia de una sociedad cuya empatía tal vez ha sido cauterizada por todo lo anterior.
La de Yukari y su familia es sólo una de tantas historias en ese océano de crisis llamado México; una nación que todos los días grita de desesperación para recuperar esperanza; un país que necesita abrir de nuevo los brazos a su propia gente.
“Tu hogar representa tu seguridad, tu intimidad, el hecho de ya no tener eso es doloroso, para nosotros ha sido una pesadilla, desde que fue el sismo nuestras vidas colapsaron. No hay manera de tener una vida normal y lo único que queremos es regresar pronto a casa”.
