La emboscada en La Pila que cobró la vida de tres elementos de la Guardia Civil Estatal, originarios de Ciudad Valles, volvió a derrumbar el discurso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien en repetidas ocasiones ha sostenido que San Luis Potosí es uno de los estados más seguros del país.
Los policías fueron sorprendidos por un grupo armado mientras realizaban patrullajes. La respuesta oficial llegó después de la tragedia: operativos, retenes, helicópteros y un detenido. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿de qué sirvió la estrategia de seguridad si tres elementos fueron asesinados en cumplimiento de su deber?
El secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, insistió en defender el trabajo de la corporación e incluso habló de un supuesto fortalecimiento institucional, mientras reconoce que la Fiscalía investiga si los delincuentes utilizaron un coche bomba. Sus declaraciones reflejan un gobierno que intenta justificar lo ocurrido en lugar de explicar por qué la violencia sigue superando a las autoridades.
Por su parte, Guadalupe Torres Sánchez prefirió anunciar apoyos económicos y viviendas para las familias de los policías caídos, evitando asumir responsabilidades políticas por un ataque que exhibe el fracaso de la estrategia estatal de seguridad.
A la falta de respuestas se sumó la fiscal Manuela García Cázares, quien se escondió y evitó dar la cara a los potosinos en uno de los episodios más violentos registrados contra la Guardia Civil Estatal.
Mientras el gobierno presume un estado seguro, la realidad es otra: tres policías de perdieron la vida y, hasta ahora, las autoridades ofrecen más discursos y condolencias que explicaciones.
