Los fideicomisos son instrumentos financieros que permiten crear reservas y destinar recursos exclusivamente para el cumplimiento de fines públicos como gestionar servicios, desarrollar proyectos de infraestructura, apoyar a la educación, garantizar mejoras, brindar protección a la vida de los ciudadanos o asistir a fines específicos como atender una contingencia ambiental o de salud.
Los primeros fideicomisos en México se crearon en 1926 de acuerdo con la ley y la creación de la Institución Jurídica del Fideicomiso, siendo en un principio una herramienta de gran utilidad para la actividad económica y el desarrollo socioeconómico del país. Cuentan con dos partes importantes: la primera de ellas es el fideicomitente que es la persona o institución que transmite la propiedad fiduciaria de los bienes, y la segunda parte es el fiduciario quien es el que recibe los bienes o recursos en propiedad fiduciaria y se obliga a realizar con ellos lo establecido mediante un contrato.
Sin embargo, hasta hoy en día se han ejercido con poca transparencia y una muy limitada rendición de cuentas debido a que no hay mucha información disponible sobre el destino de los recursos y sus fines; sin mecanismos de control ni transparencia estos instrumentos que podrían ser útiles terminan siendo ejercidos con malas prácticas que en algunos casos derivan en corrupción.
Desde finales de 2009 se han implementado diversas acciones para ponerle fin a esta discrecionalidad, pero ante la falta de resultados el gobierno federal actual ha decidido desaparecerlos masivamente.
Incluso desde 2019, el presidente ha promovido la ley de austeridad que contempla mayores candados para su uso como un diagnostico para su funcionamiento y fue hasta abril del presente año, por la situación de la pandemia actual del covid 19, que se publicó un decreto para extinguir todos los fideicomisos públicos que carecen de una estructura solida o similar a la administración pública. Esos fideicomisos representan el 92% del total de los recursos disponibles en estos instrumentos, es decir, más de 760 mil millones de pesos.
Para mayo de 2020, el grupo parlamentario del partido Morena presentó una iniciativa para modificar 14 leyes y poder extinguir 44 fideicomisos, de los cuales sobresalen los siguientes: El fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; los fondos de investigación y desarrollo científico; el fondo de protección de desastres naturales, el fondo de fomento cultural y el fondo para el deporte de alto rendimiento.
Ante esto, el pasado 6 de octubre del presente año, la comisión de presupuesto de la cámara de diputados aprobó el dictamen para la extinción de 109 fideicomisos y fondos confirmados, lo que asegura que los recursos disponibles a causa de esta decisión sean utilizados por el gobierno federal para atender los grandes estragos causados por la pandemia de la crisis sanitaria que azota al país.
La falta de claridad, desde la propuesta hasta la votación y aprobación de estas medidas ha generado confusión y preocupación en relación con qué fideicomisos se pretenden desaparecer y la racionalidad de estas acciones ya que parte de estos son clave para sectores fundamentales y de suma importancia para el crecimiento y desarrollo económico del país; es decir, no se cuenta con criterios congruentes para su extinción.
La desaparición de estos fideicomisos debió realizarse con una máxima publicidad y rendición de cuentas efectivas a través de un análisis profundo y participativo para amortiguar los impactos negativos para el país; además de garantizar que se está respetando la garantía de derechos humanos de los ciudadanos; y así mismo, proporcionar información transparente sobre la consecuente inversión de estos recursos ya que hasta el momento se ha tenido un manejo irresponsable en el gasto público en programas y proyectos que carecen de fundamentos y resultados para el bienestar de la sociedad y el país.
