El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, se pronunció sobre el avance legal del caso Rich, ocurrido en 2022, y lamentó que un hecho tan doloroso para la ciudad y para las familias afectadas haya escalado a los tribunales, pese a que el Ayuntamiento siempre estuvo abierto a acuerdos y a una reparación del daño moral.
Galindo recordó que, tras el incidente, la autoridad municipal actuó de manera directa al sancionar e inhabilitar el establecimiento involucrado. Señaló que, además, se modificó el reglamento de Comercio conforme a las recomendaciones de las propias familias.
Actualmente existen cinco demandas por daño moral, con un monto acumulado cercano a los 300 millones de pesos. Algunas de esas demandas están dirigidas contra el Ayuntamiento, otras contra el Gobierno del Estado y, en al menos un caso, un padre de una de las víctimas presentó acciones legales contra ambas instancias.
El alcalde explicó que ya se habían logrado acuerdos de reparación en el pasado, y reiteró que su administración ha mantenido el diálogo con las familias. Incluso, dijo, él mismo sostuvo reuniones directas con los deudos.
No obstante, enfatizó que cualquier reparación debe ser proporcional y que, en el marco de la defensa patrimonial del Ayuntamiento, se han tenido que plantear distintas líneas de defensa jurídica. Agregó que, por respeto a las familias y para evitar su revictimización, será prudente en emitir más declaraciones sobre el proceso.
El caso continúa su curso en tribunales, mientras el Ayuntamiento se prepara para responder formalmente a cada una de las demandas presentadas.
