Sin que se presentará, o se les notificará oficialmente orden judicial de desalojo, un fuerte contingente de más de 300 agentes de la Guardia Civil Estatal y de la Policía de Investigación retiraron por la fuerza la manifestación pacífica que mantenían en la Plaza de Armas integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE), y miembros de la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular (CMAP).
Los elementos policiales con navajas desgarraron el toldo que tenían instalado, arrancaron las pancartas, se llevaron la estructura, mesa y sillas que tenían, y por su número superior se impusieron a las y los manifestantes, replegándolos con sus escudos hacía la calle de Cinco de Mayo, para sacarlos del referido lugar, destacado que no hubo presencia de observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que atestiguaran el operativo policial.
En ningún momento agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado les informaron a las y los protestantes, el cumplimiento de orden de desalojo alguna, ni dieron el motivo, la infracción, o delitos que propiciaron el retiro forzoso, y los agentes policiales nunca se identificaron, empezaron a rodear a las 34 personas que estaban en el plantón, sin que los miembros del SITTGE y de la CMAP mostrarán resistencia alguna ante la enorme presencia de los agentes estatales.
Al inicio de la represión, los elementos policiales gritaban unos a otros, que iban por las mujeres, lo que amedrentó a las integrantes del organismo sindical y de la organización social, que por el temor a sufrir una agresión física, optaron por retirarse, ante el numeroso contingente policial, así como de entre las jardineras de la Plaza de Armas, salieron presuntos agentes de la Fiscalía, vestidos de civil, para azuzar a los agentes de la Guardia Civil Estatal a que quitasen a los manifestantes.
No hubo funcionarios del gabinete estatal, que dialogaran previamente con los manifestantes para evitar el retiro por la fuerza, y tan sólo estuvo presente el director de la Guardia Civil Estatal, Jesús Juárez Hernández, y su director de operaciones, Rosalio Ramos García, para comandar la acción policial, quienes, de igual manera, nunca informaron los motivos de la acción policial, limitándose a instruir a los agentes para que utilizarán la fuerza represiva contra los manifestantes.
El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado lamenta que el Gobernador del Estado, José Ricardo Gallardo Cardona haya privilegiado el uso ilegal de la fuerza pública contra sus integrantes, así como en contra de miembros de la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular, en lugar de resolver las demandas laborales que motivaron la referida manifestación, siendo al menos la doceava ocasión en que utiliza a las policías estatales para acallar sus protestas.
Destacando que, pese a que el mandatario estatal nuevamente emplea la represión contra sus propias y propios trabajadores, el Sindicato ratifica que no dejará de ejercer sus derechos constitucionales de asociación, manifestación y expresión, para demandar justicia a sus legítimas demandas laborales y sociales, propiciadas por los abusos y violación a la normatividad que mantiene el mismo Gobernador.
