Los acusan de desviar más de 5 mil millones de pesos de recursos de cárceles federales; solicitan ficha roja a Interpol.
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que un juez federal ordenó la aprehensión de 61 personas, entre ellas, el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La orden de aprehensión también es en contra de los empresarios Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, mientras que las 58 personas restantes son servidores públicos y particulares.
Según las investigaciones, estas personas presuntamente se coludieron con García Luna y sus socios Jonathan Alexis y Mauricio Samuel, para saquear los recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (cárceles federales), dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Lo anterior, para canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por el exsecretario, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, a través de 10 contratos ilícitos, por la suma de 5 mil 112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional.
De acuerdo con la FGR, ya se solicitó la ficha roja a Interpol para todos aquellos que se han fugado del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados de la nación.
La dependencia explicó que este procedimiento penal es independiente de la denuncia que ayer hizo pública la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto a otro despojo multimillonario en contra de la extinta Policía Federal, también vinculado con empresas de Genaro García sus socios y cómplices.
En cuanto a este nuevo procedimiento, la FGR advirtió que ya se están recabando todas las pruebas necesarias para proceder a la vinculación penal correspondiente y a la recuperación de los bienes sustraídos.
