La fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), así como la legisladora Yolanda Cepeda Echavarria, presentaron una iniciativa para modificar el Decreto Legislativo número 385 Bis, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de mayo de 1981, relativo al Premio Estatal de Periodismo.
En dicha iniciativa se oficializa el control del Gobierno del Estado a través de la oficina de la Coordinación Comunicación Social, del certamen, pues se le designa como la entidad organizadora del mismo, luego de que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) abandonara la organización de los premios en la última edición.
En el documento se propone ampliar las categorías el certamen, agregando dos: ciencia y tecnología; y materia de equidad de género. Sin embargo, no aparecen crónica deportiva ni periodismo regional.
Posteriormente a que se subiera la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria que pasará al pleno del Congreso del Estado en la sesión de este jueves, al conocer el contenido de la propuesta, periodistas del interior del estado fijaron un posicionamiento en el cual solicitaban a las y los legisladores que se desistieran de eliminar dichas categorías; asimismo, les solicitaron una audiencia para explicarles con argumentos sus razones.
Este miércoles, por medio de un boletín de prensa, la Secretaría General de Gobierno afirmó que las categorías referidas no desaparecen, sino que más bien se oficializan ya que no estaban contempladas en el decreto de 1981, pero que Comités de dicho certamen en ediciones anteriores las incluyeron de manera no oficial.
Por otro lado, la dependencia estatal considera que el premio no pierde su carácter ciudadano y se aclara que “hasta en tanto no sean las empresas de comunicación o las asociaciones de periodistas sean quienes aporten los recursos económicos y logísticos necesarios para este certamen –como sucede en otros estados del país- el Premio Estatal de Periodismo en San Luis Potosí es y seguirá siendo oficial, ya que los recursos erogados son públicos y administrados por el Estado”.
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