En un acto histórico, la Jueza Sexto de Distrito de San Luis Potosí, se presentó el pasado viernes en la primaria «Ponciano Arriaga» de la comunidad Presa de los Dolores, Santa María del Río, para comunicar la resolución a través de la que se concede la suspensión definitiva de salvaguardar el derecho a una educación digna para las niñas y niños de esta institución.
En junio de 2022, la asociación de derechos humanos «Perteneces» promovió un amparo en beneficio de la comunidad educativa, solicitando la reconstrucción del plantel y priorizando el interés superior de la niñez en la deliberación judicial.
La resolución del Juzgado Sexto de Distrito, instó a las autoridades educativas a destinar recursos para rehabilitar la escuela, que presentaba deficiencias que impedían el pleno ejercicio del derecho a una educación digna.
A través del amparo se logró: rehabilitar los baños, construir una nueva fosa séptica, instalar juegos, concluir la barda perimetral, construir rampas para personas con discapacidad, reparar los salones, instalar internet, ventiladores y computadoras.
La petición, realizada por las madres de tres niñas y un niño, se fundamentó en el derecho a una educación digna, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre Derechos del Niño y la Observación General No. 12 del Comité de Derechos del Niño.
La resolución se entregó a las niñas y niños en un formato de lectura fácil, conforme a las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este enfoque, que protege la identidad de los menores, utiliza un lenguaje sencillo, con términos de fácil comprensión, y se complementa con imágenes que facilitan la explicación.
Siguiendo un enfoque de diálogo horizontal, el proceso jurídico-pedagógico de «Perteneces» promovió la participación activa de la comunidad estudiantil, madres y autoridades. A través de dinámicas, actividades y talleres, se fomentó que las niñas y niños expresaran sus necesidades y se concientizaran sobre su dignidad y derechos.
Este diálogo transformador culminó en el reconocimiento de la comunidad como Guardianes de la Dignidad, un compromiso compartido por los niños, niñas, madres y autoridades educativas para seguir impulsando el respeto de los derechos humanos en el ámbito educativo.
