En los últimos días, se ha revelado una alarmante cadena de extorsiones presuntamente cometidas por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en San Luis Potosí. Lo que inicialmente parecía una problemática localizada en la zona Huasteca ha tomado un alcance mayor, con incidentes ahora reportados en el municipio de Villa de Arista, donde los habitantes y comerciantes han denunciado el abuso de autoridad y las extorsiones de varios agentes.
Entre los implicados en Villa de Arista se encuentran cuatro hombres y una agente recién egresada de la academia de la GCE, quienes, tras terminar su turno de vigilancia en el Palacio de Gobierno, se dirigieron a este municipio para exigir bebidas alcohólicas y cerveza gratis a los comerciantes locales. Bajo amenazas de represalias, advirtieron a sus víctimas que «sabían cómo querían tenerlos, si como amigos o enemigos». Este acto no quedó impune, pues los comerciantes afectados los denunciaron y ahora los agentes involucrados se encuentran a disposición de la Fiscalía.
La situación en Villa de Arista parece ser solo una pieza de un problema mayor, ya que en la zona Huasteca, municipios como El Naranjo, Ciudad Valles, Axtla, Xilitla y Huehuetlán también han visto el accionar de elementos de la GCE que presuntamente han extorsionado y amenazado a la ciudadanía. Los oficiales quienes habrían sido captados en video recibiendo dinero de delincuentes. A pesar de las pruebas, el director general de la corporación, Jesús Juárez, ha sido acusado de ignorar estas denuncias, lo que ha generado indignación en la corporación.
Aunado a esto, se habla de una «rotación de personal» en diversas bases de la GCE que, lejos de solucionar el problema, parece haber facilitado el traslado de estos mismos agentes extorsionadores a otros municipios, permitiéndoles continuar sus actividades ilícitas. Se presume que el sistema de promociones dentro de la corporación estaría premiando las prácticas de extorsión y amenazas, pues algunos de los oficiales implicados habrían obtenido ascensos o designaciones en lugares estratégicos.
Asimismo, habitantes del Naranjo denunciaron que un elemento conocido como «Conejo» fue captado en video recibiendo dinero de delincuentes y que, en lugar de ser sancionado, ahora estaría a cargo de la base operativa de Tamasopo. En otro caso, los “Hermanos Barrios”, acusados de intimidación y de disparar en tiendas que se negaron a ofrecerles productos gratuitos, se mantienen en la corporación presuntamente bajo la protección de Jesús Juárez.
Ante esta situación, se ha pedido al gobernador Ricardo Gallardo que tome cartas en el asunto. Si bien aún quedan elementos comprometidos con su labor, la exigencia de varios ciudadanos y comerciantes es que se erradiquen estos actos de corrupción y abuso que afectan tanto la seguridad como la confianza en las fuerzas de seguridad pública.
