Hay una triste realidad soportada en datos que los mexicanos conocemos y lamentamos desde hace décadas: Nuestro país es uno de los más corruptos e impunes del planeta. Gobiernos van y vienen; se crean instituciones y luego se destruyen; partidos caen del poder y otros llegan; se intentan algunas legislaciones para atacar el problema pero el salto hacia un “auténtico Estado de Derecho” (aunque el Presidente diga que ya lo hay) sigue sin darse.
Incluso en 2008 se creó un nuevo sistema de impartición de justicia para cuya implementación –concretada en 2016- se gastaron millones de pesos. Hoy en día, jueces confundidos, ministerios públicos entorpecidos, instituciones minadas y abogados no siempre bien capacitados están metidos en un embrollo.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio parece bueno en la teoría pero llevado a la práctica se ha topado con una serie de fallas estructurales que es complicadísimo derribar. Haber incrementado hace poco el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es parte de este caos: de nuevo estamos metiendo más gente a las cárceles pero sin ejercer mayor justicia. Quizá es por eso que conforme pasan los años las cifras nos siguen abofeteando.
En el Índice de Percepción de Corrupción que Transparencia Internacional presentó en enero de este año México se ubicó en la posición 138 de 180 países. Según dicho ranking nuestra nación es la más corrupta de la OCDE –organización en la que, por ejemplo, también están los latinoamericanos Chile y Colombia- y es una de las más corruptas de América sólo superada por Guatemala, Nicaragua y Venezuela.
Prácticamente todos los expertos coinciden en lo mismo: lo que complica el caso mexicano en comparación con otras naciones de la región que tienen problemas similares pero han conseguido algunos avances(Chile, Colombia, Perú y Brasil, por ejemplo), es la impunidad.
En México no sólo hay casos de brutal violación a la ley, sino que tampoco suele haber consecuencias (sentencias, cárcel, castigos). Los “peces gordos” de la corrupción saben que será difícil pisar una prisión y que si lo hacen será como parte de un circo político-mediático que concluirá -tarde o temprano- en alguna negociación que los pondrá en libertad, (recordar a Elba Esther Gordillo, poner atención en Javier Duarte y Rosario Robles). No hay una auténtica aplicación de la ley. La justicia es selectiva, no es independiente de los intereses políticos, y por tanto, es sistemáticamente entorpecida.
En el Índice Global de Impunidad realizado hace un año por la Universidad de las Américas Puebla se exhibe que con una calificación de 69.21 puntos nuestro país es el cuarto más impune a nivel mundial y el número uno de América. Este estudio también apunta que México tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo, con un promedio de 3.9 por cada 100 mil habitantes.
El problema es estructural, la corrupción e impunidad se da a nivel federal pero también es un cáncer en las fiscalías estatales y en los gobiernos municipales. San Luis Potosí no es la excepción.
La organización Impunidad Cero presentó la semana pasada el Índice de Estatal de Procuradurías y Fiscalías 2019, donde entre otras cosas se demuestra que en todo el país la probabilidad de que un delito se esclarezca es apenas del 1.3 por ciento. San Luis Potosí está por debajo de la media nacional con una probabilidad del 0.8. Baja California y Querétaro son los “mejor” evaluados: 3.4 y 3.1 por ciento, respectivamente.
A nivel nacional la efectividad del Sistema de Justicia Acusatorio ha sido del 19.40 por ciento pero en la entidad potosina es del 11.8. Un dato devastador es el de las carpetas de investigación de homicidios dolosos: de acuerdo con Impunidad Cero en nuestro estado el 93.8 por ciento de este tipo de crímenes quedan sin resolución. Es decir: sin justicia.
Los datos que apenas hace un mes presentó México Evalúa no son mejores: En San Luis Potosí sólo hay 0.5 jueces capacitados en el nuevo sistema de justicia por cada 100 mil habitantes, 1.3 defensores públicos y 1.7 de personal dedicado a la atención y protección de víctimas. De todas las carpetas de investigación levantadas en la FGJE el 80 por ciento han quedado sin resolución.
San Luis Potosí es una entidad atrapada por intestinas e interminables pugnas políticas. Un pequeño pero poderoso grupo de empresarios lleva años enriqueciéndose a costa de la ilegalidad: permisos de construcción laxos o a modo; condonaciones en impuestos como el predial; y amnistía a casi cualquier violación a la ley.
Por otro lado tenemos una clase política conformada por personas que se dedican primero a “cuidar su pellejo”, después a incrementar su propio botín –de poder o de dinero- y al final, si les queda tiempo o ganas, realizan alguna acción “en beneficio” de los ciudadanos.
Los avances conseguidos en la aplicación de la justicia han sido el resultado de la presión ejercida por la sociedad civil a través de ONG´S, colectivos y diversos ciudadanos. Pero como en todo el país la lucha por hacer que la justicia deje de ser selectiva aún parece larga.
Ante los grandes casos de corrupción el guion potosino no suele variar: El caso estalla a través de alguna denuncia mediática, la opinión pública presiona a las autoridades, estas comienzan a “trabajar” y presentan poco a poco ciertos avances: alguna detención, un citatorio, audiencias, cierta declaración rimbombante del Fiscal de vez en cuando. Pero al final la consecuencia real no llega.
Por lo general el presunto culpable es amigo, compadre o protegido del gobernador, alcalde, diputado, algún ministerio público, magistrado o hasta del propio Fiscal General del Estado. La justicia parece tener dueños.
En octubre de 2017 poco antes de que se concretara el tránsito de la PGJE a la nueva Fiscalía Estatal, Juan Antonio González Vázquez escribió un excelente artículo en el que señalaba que para ganar credibilidad como inminente fiscal, el aún procurador Federico Garza Herrera debía entregar resultados rápidos y efectivos en tres áreas: 1. La ecuación corrupta, 2. El homicidio del fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro y 3. La limpieza y eliminación de grupos de poder en la Procuraduría y Policía Estatal.
A las pocas semanas, el 26 de ese mes, el Congreso del Estado ratificó a Garza Herrera como el primer Fiscal de San Luis Potosí. Casi dos años después no sólo sigue sin haber resultados concretos en los pendientes anotados por Juan Antonio, sino que se han sumado otros.
El pasado 16 de agosto Federico Garza aseguró que más de 40 servidores públicos enfrentan acción penal por el caso de la ecuación corrupta. Sin embargo hasta que no haya consecuencias que alcancen al último nivel de responsabilidad todo seguirá en “intentos de justicia”.
Sería bueno recordar que Manuel Barrera Guillén trabaja tranquilamente en el CEN del PVEM como Secretario de Acción Electoral, Óscar Bautista vive del erario como diputado federal y hace unas semanas declaró que “la ecuación corrupta es cosa del pasado”. El olvidado Enrique Flores aunque investigado sigue sin recibir una sentencia.
A esto habría que añadir el caso del también ex diputado Mariano Niño, acusado de fraude y uso indebido de fondos públicos por gestionar “apoyos sociales fantasmas”.
El ya mencionado caso de Edgar Daniel Castro también parece haber quedado en el olvido. Sin olvidar las carpetas de investigación sobre homicidios dolosos y feminicidios que aún no han sido resueltas y corren el riesgo de volverse materiales amontonados de oficina (archivos temporales les llaman en el nuevo argot jurídico).
Y tal vez uno de los más emblemáticos aunque con los años se ha difuminado es el caso de Eduardo Córdova Bautista, ex sacerdote acusado de al menos cien casos de pederastia cuando fue párroco del templo católico de la colonia El Paseo. Cinco años como prófugo, reportajes nacionales e internacionales, una ficha roja de la Interpol, una recomendación de la CNDH, víctimas humanas con vida, pero la Fiscalía Potosina no tiene forma (¿o deseos?) de encontrarlo.
A los gobiernos potosinos –de hoy y de ayer- les gusta “alardear” que nuestro estado –pese a sus retos y a diferencia de otros- ha encontrado una ruta hacia el desarrollo. “San Luis va”, decía Juan Manuel Carreras en su segundo informe. Pero hacer caso omiso de un pendiente tan grande como la impartición de justicia podría generar enormes costos para el futuro.
Echar en saco roto los gritos de alerta de una sociedad que exige legalidad es resistirse a ver que además del San Luis próspero e industrial hay un estado lastimado y olvidado. Cegarse ante esa evidencia puede generar un espejismo que al romperse exhibirá nuestra auténtica fragilidad .Un colapso que la auténtica justicia aún podría estar a tiempo de evitar.
