lunes, junio 15, 2026

Sector inmobiliario, preocupado por la indefinición legal en Villa de Pozos

En reunión con el Alcalde Enrique Galindo, agremiados de la AMPI expresaron su incertidumbre para la realización de trámites administrativos y actos de autoridad para el desarrollo de vivienda en el vecino municipio.

San Luis Potosí. – Ante la incertidumbre de la población en torno a los trámites que pueden realizar y cómo quedarán los servicios públicos en Villa de Pozos, una vez que el Congreso del Estado hizo oficial su nombramiento como nuevo municipio, el Alcalde Enrique Galindo reiteró que el Ayuntamiento de la Capital seguirá prestando los servicios, pero aclaró que legalmente no puede ejercer ningún acto de autoridad, como cobros de impuestos ni expedir licencias o permisos.

En reunión realizada esta mañana, el Presidente Municipal constató la preocupación de los agremiados de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI). Por ello, Enrique Galindo Ceballos giró instrucciones para que la Dirección General de Gestión Territorial y Catastro se ponga de acuerdo con el sector de los bienes raíces para analizar cada caso y se les brinde la orientación necesaria, sin embargo, reiteró que el Gobierno de la Capital ya no puede recibir ningún pago, incluido el de impuesto predial.

Igualmente, el Gobierno de la Capital no puede expedir ningún tipo de permiso o licencia, porque estaría incurriendo en algo ilegal, aclaró. Por ello, dijo que espera que pronto se establezcan mesas de colaboración que permitan solventar las dudas acerca del proceso de transición del municipio 59.

Explicó que con el decreto de creación del nuevo municipio, algunos aspectos quedaron en la indefinición, pero queda claro que el Gobierno de la Capital no puede ni debe intervenir en temas de autorizaciones, ni aplicar cobros, porque esto es facultad solamente del nuevo Ayuntamiento, aunque por ahora carezca de gobierno.

Por lo que respecta a los servicios como el de alumbrado, dijo que el Ayuntamiento de San Luis Potosí los seguirá pagando, ya que así lo establece el decreto, aunque contablemente pueda representar un problema en la revisión de las cuentas públicas.

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