La Fiscalía General de la República (FGR) resolvió no ejercer acción penal en al menos dos carpetas de investigación relacionadas con presuntos delitos federales. Una de ellas fue iniciada por acusaciones contra el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, mientras que la otra contemplaba posibles ilícitos.
Según un acuerdo ministerial fechado el 7 de marzo de 2024, la dependencia revisó la carpeta abierta tras una denuncia anónima recibida el 19 de septiembre de 2024. En el documento se señalaba al empresario Gerardo Sánchez Zumaya, vinculado con el conglomerado Grupo GESA y la empresa Petrogesa, S.A. de C.V., por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la investigación, la Fiscalía solicitó información a diversas dependencias, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Policía Federal Ministerial, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la propia empresa estatal Pemex, que confirmó la existencia de contratos con Petrogesa para suministro de equipo y servicios, entre ellos uno para la adquisición de una bomba contra incendios y otro relacionado con reparaciones en instalaciones de almacenamiento en Poza Rica. Sin embargo, los análisis financieros y ministeriales no arrojaron indicios suficientes de que los recursos investigados provinieran de actividades ilícitas. La UIF también informó que no contaba con elementos para denunciar, requisito indispensable para proceder penalmente en este tipo de casos.
Con base en esos resultados, el Ministerio Público federal concluyó que no se acreditó la probable comisión del delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, por lo que solicitó formalmente decretar el no ejercicio de la acción penal a favor de Sánchez Zumaya,,
De igual manera, en otro oficio de la FGR fechado el 10 de diciembre de 2024, en Villahermosa, Tabasco, el agente del Ministerio Público federal solicitó al fiscal federal en el estado autorizar también el no ejercicio de la acción penal.
En el contexto político local se ha señalado que estas acusaciones han sido utilizadas como parte de campañas de desprestigio o “campañas negras”, presuntamente promovidas desde círculos cercanos al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo “El Pollo” Gallardo Cardona, según menciones difundidas en medios de comunicación. Estas versiones sostienen que los señalamientos buscaban afectar la imagen pública del empresario; no obstante, las investigaciones federales revisadas terminaron sin que se acreditaran delitos.
